El ‘Defensor del Pueblo’ catalán pide que se anule la indemnización a ACS por el Castor

Sede de ACS
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Rafael Ribó ha anunciado que alentará al Gobierno catalán y a los partidos políticos a que lleven al Constitucional el asunto de los pagos a ACS y sus socios. La indemnización por la paralización del proyecto Castor sigue levantando polvareda. Ahora, es el Síndic de Greuges de Cataluña el que ha instado a los grupos políticos y a su homóloga nacional Soledad Becerril a que recurran los pagos de dinero público a la constructora ACS ante el Tribunal Constitucional.

El llamamiento de Rafael Ribó ha llegado en una rueda de prensa tras haberse reunido con organizaciones de consumidores, asociaciones de vecinos, colegios profesionales y otras instituciones de la sociedad civil catalana. El Síndic ha señalado que las incongruencias legales y políticas con base a las cuales se ha resuelto el pago de la indemnización “puede atentar contra el ordenamiento constitucional”.

Ribó se fija especialmente en los daños ocasionados a los derechos de los consumidores en cuanto a la competencia en el sector y también en lo que se refiere a la realización de infraestructuras energéticas. Cabe recordar que el proyecto Castor de almacenamiento subterráneo de gas frente a las costas de Castellón y Tarragona fue suspendido tras registrarse fuerte seísmos en la zona que algunos informes técnicos sí vincularon con esta instalación.

El cargo equivalente al Defensor del Pueblo en la región catalana ha anunciado que en las próximas jornadas instará al Gobierno de Cataluña, al Parlament y a sus diferentes grupos parlamentarios a que formulen recursos de inconstitucionalidad para la millonaria indemnización a cuenta de las arcas públicas. En concreto, los animará a que apunten hacia el real decreto 13/2013 que dejaba la puerta abierta a posibles pagos de resarcimiento en caso de que el proyecto Castor no resultase con la efectividad que se esperaba.

Asimismo, Ribó ha instado al equipo de Mariano Rajoy a que no se realice ningún pago hasta que “se depuren responsabilidades de la empresa” ante posibles malas prácticas en el proceso de adecuación de la infraestructura gasista y en ningún caso hasta que se disponga del resultado detallado de todos los informes y estudios solicitados al respecto de los seísmos.