La noticia del día para la prensa conservadora es que la Fiscalía haya solicitado el archivo del ‘caso Faisán’, en el que se investigaba a varios policías por un supuesto soplo a ETA, habida cuenta de que el presunto chivatazo se produjo cuando el Gobierno y ETA intentaban llegar a un proceso de paz. A aumentar las suspicacias y, de paso marcar la hoja de ruta a los diarios de derechas, también ha contribuido el hecho de que el PP haya calificado la petición de la Fiscalía de “inadmisible” y que haya utilizado este caso en su estrategia de acusar al ministro del Interior y a la Fiscalía de no hacer nada que no sea perseguir al Partido Popular por el ‘caso Gürtel’, del que hoy, casualidades de la vida, se levanta parcialmente el secreto del sumario.
A José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, todo le “huele a escándalo” y vierte sospechas en torno a la actuación de Garzón, Rubalcaba y Conde-Pumpido, y lo mismo hace Pedrojota Ramírez, aunque éste como siempre va más allá ya que cree que no se ha investigado convenientemente y sigue apuntando con el dedo acusador directamente a Víctor García Hidalgo, entonces director general de la Policía en un editorial que titula para que no quede ninguna duda “¿director de la Policía y cómplice de la banda terrorista ETA?”
El País, por su parte, dedica su principal editorial a reprender al PP por su actuación en el secuestro del atunero español por piratas somalíes. Cree que la oposición debería respaldar al Gobierno hasta la liberación del buque ‘Alakrana’ y considera “fuera de lugar” los reproches a la ministra de Defensa, por parte del PP y el PNV, ya que opina que “Mariano Rajoy y Josu Erkoreka se desacreditan abriendo esta inaceptable línea de crítica, tras la que se esconde la estrategia de todo vale para desgastar a un Gobierno que se encuentra en horas bajas”. También La Razón cuestiona que el Ejército deba proteger a cada atunero como piden PP y PNV. Advierte que “la protección militar no puede convertirse en un servicio particular y a la carta”, dejando claro que tanto La Armada, como la Policía y la Guardia Civil, no están “para cuadrar la viabilidad económica de un negocio”.
