Médico
SIME, sindicato federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, destaca que la Viceconsejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitió hace unos días la siguiente resolución: “La emisión del parte médico de baja, de confirmación de la baja y de alta médica en los procesos por incapacidad temporal a que se refiere el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, corresponderá, en el Servicio Madrileño de Salud, a los profesionales de Medicina de Atención Primaria, quienes se ajustarán a lo previsto en esta norma”.
Con dicha resolución, afirma que “se obliga” a los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria de los centros de salud “a asumir la gestión de la incapacidad laboral (IT) de los pacientes asignados, tanto en las circunstancias en las que son ellos los que deciden la emisión de la baja laboral, como en aquellas otras situaciones clínicas en las que dicha baja ha sido decidida por otro médico del sistema sanitario público”.
De esta forma, los médicos de familia de Primaría “estarán obligados a cumplirla, pues de lo contrario podrían ser sancionados por parte de la consejería”, advierte. Según SIME, esta decisión no cumple con lo establecido en la normativa estatal vigente.
“Con esta obligación impuesta a los médicos de AP, además de no cumplir con la normativa Ministerial, la Viceconsejería de Sanidad de Madrid actúa de forma contraria a como lo están haciendo en otras comunidades”, apunta, que “están trasladando la responsabilidad de la IT a los médicos del sistema sanitario público de todos los ámbitos asistenciales”.
“Esta obligación a asumir las bajas laborales de pacientes que han sido valorados y tratados en otro nivel asistencial, además del aumento de carga de trabajo que supone para las ya colapsadas consultas de los médicos de familia de AP, supone un grave trastorno para los pacientes”, denuncia.
Para dicha asociación sanitaria esta resolución “va a perjudicar notablemente a los médicos de familia de Atención Primaria y a los médicos de atención hospitalaria, así como a la población”. Por ello, llama al Ejecutivo regional a anular dicha decisión. De no hacerlo, advierte que estudiarán las medidas judiciales “más oportunas”.
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