Atención Primaria

Más presión para Ayuso: el Colegio de Médicos cierra filas con la huelga en la Atención Primaria

La Mesa de Atención Primaria del Colegio pide que “se tengan en cuenta las mejoras propuestas por los médicos de familia y pediatras solicitadas”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Comunidad de Madrid)

Sin avances en las negociaciones entre la Comunidad de Madrid y los médicos de familia y pediatras. Las últimas reuniones han concluido sin acuerdo. La huelga, por tanto, continúa. Un paro ante el que ha cerrado filas el Colegio de Médicos de la región (ICOMEM). La Mesa de Atención Primaria de esta institución ha mostrado públicamente su apoyo a las demandas de estos facultativos, aumentando la presión sobre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en este conflicto sanitario.

El Ejecutivo madrileño está cada vez más solo en el pulso que mantiene con los profesionales sanitarios. La Mesa de Atención Primaria del ICOMEM respalda “las peticiones” de los médicos y pediatras. “Ponemos de manifiesto lo que desde hace tiempo sociedades científicas, sindicatos, asociaciones profesionales y agentes sociales han alertado a los diferentes gobiernos de la Comunidad de Madrid: la necesidad de tomar medidas efectivas de mejora de la Atención Primaria ante el riesgo real de deterioro del primer nivel asistencial que afecta al resto del sistema sanitario público madrileño”.

Así lo señala en un comunicado en el que afirma que comparte que el Plan Integral de Mejora de Atención Primaria 2020/2022 “debe mejorarse”, tal y como vienen reclamando tanto los propios profesionales como varias organizaciones.

Tras apuntar que “los problemas a los que se enfrenta” la Primaria son “similares en las diferentes comunidades autónomas”, el Colegio de Médicos destaca la situación de la Comunidad de Madrid, que, “en términos relativos, es la que menor porcentaje del gasto sanitario público destina en su presupuesto” a este nivel asistencial. En concreto, señala, “un 10,7% en los últimos 4 años, es decir, un 30 % inferior a la media de las comunidades autónomas”.

Asimismo, recuerda el “desgaste profesional” que, de acuerdo al reciente observatorio de Salud Mental del ICOMEM, sufren los médicos de atención primaria y urgencias extrahospitalarias. “Los datos demuestran que el 92 % de los facultativos reconocen haber sufrido agotamiento emocional, el 86 % despersonalización y el 73 % una baja realización personal”, explica el Colegio, quien incide en que “los niveles de suicidio de los profesionales médicos en global casi doblan la tasa de la población en general”.

Ante esto, la Mesa de Atención Primaria y Junta Directiva del ICOMEM pide que “se tengan en cuenta las mejoras propuestas por los médicos de familia y pediatras solicitadas en la huelga iniciada el 21 de noviembre”. “Es manifiesto que la situación es preocupante y la necesidad de soluciones inmediatas urgente”.

En la reunión del pasado miércoles entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria se evidenció que las posturas continúan muy alejadas. “Salimos de la reunión con la sensación del día de la marmota”, afirmó tras el término de la misma Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, el sindicato médico mayoritario en la región.

Desde Amyts denuncian los continuos incumplimientos que arrastra desde hace años la Comunidad de Madrid con la Atención Primaria, los médicos de familia y los pediatras. “Ya en 2012 se incumplieron las leyes de acompañamiento presupuestario y nunca se recuperaron las partidas, a pesar de que escuchamos cada día en los medios que la región es el motor económico de España”, lamentó Hernández.

Para este sindicato, la situación de la Atención Primaria en la región “excede las competencias de la Consejería de Sanidad” porque está “intervenida por la Consejería de Hacienda”. Es decir, por Javier Fernández-Lasquetty, quien estuvo al frente de Sanidad en la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2014 y se vio obligado a dimitir después de que los tribunales tumbaran su intento de privatización de seis hospitales públicos.

El Gobierno de Ayuso no parece dispuesto a modificar el presupuesto para atender las demandas de estos profesionales.

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