Según ha informado la plataforma a través de un comunicado, dos representantes de Marea de Residencias serán recibidas en audiencia pública por el Comité de Peticiones para defender la Petición presentada por Marea de Residencias.
Ya el pasado mes de diciembre un grupo de familiares y trabajadoras integradas en Marea de Residencias realizaron una visita a Bruselas, invitado por el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán, con el objetivo de «denunciar la pasividad de las instituciones» ante «la mayor vulneración de derechos perpetrada en la corta historia de la democracia».
Marea de Residencias ha lamentado que tras tres años y medio de la muerte «sin atención sanitaria» de «más de 7.291 personas que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid», se siga produciendo una «impunidad total».
«No se investiga, no se hace justicia, no hay reparación, y por tanto la historia podría volver a repetirse en un futuro», advierten, al tiempo que han recordado que la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de julio de 2023 sobre la pandemia sostiene que «el sistema de residencias necesita de un cambio profundo en los centros de mayores».
Asimismo, explican, la resolución «reconoce que la pandemia repercutió en el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular en los derechos de determinados grupos, como las personas de edad avanzada» y pide a los estados miembros de la Unión Europea que «pongan fin a las prácticas de triaje discriminatorias».
ESCLARECER LO OCURRIDO
En base a esto, desde Marea de Residencias pedirán ante el Comité de Peticiones de la Eurocámara que se abra una investigación oficial en cada comunidad autónoma para «poder esclarecer la actuación de los distintos gobiernos durante la Covid», pero «centrándose especialmente en la actuación de la Comunidad de Madrid», donde «hubo la mayor mortalidad» y donde «se impidió la derivación a hospitales desde la residencias», a la vez que «no se activaron medidas alternativas, como la anunciada medicalización de los centros ni se utilizaron los hospitales privados a disposición durante el estado de alarma».
Por último, solicitarán que se promulgue una ley marco estatal de obligado cumplimiento que establezca unos criterios mínimos para «preservar la dignidad y el buen trato» en las residencias de todo el territorio español.
Esta visita a Bruselas se produce después de que la pasada semana un «tribunal ciudadano» presidido por el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y promovido por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia examinará durante los días 15 y 16 de septiembre las muertes ocurridas en las residencias de la Comunidad durante la pandemia.
Por otro lado, el pasado 23 de marzo, el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur declararon en calidad de testigos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por tres querellas relacionadas con la muerte de tres ancianas en residencias.
Reyero volvió a testificar por segunda vez en junio en una de las causas judiciales en las que se investigan los protocolos de derivación de la Comunidad de Madrid en residencias durante la primera ola de la pandemia.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid determinó previamente, en relación con la muerte de otros dos residentes en otra residencia de la Comunidad que el Gobierno regional priorizó el criterio clínico en las derivaciones a hospitales de residentes de centros de mayores durante el inicio de la pandemia frente a los protocolos de actuación vigentes en la época más dura del Covid-19.
