“Hay otras disposiciones, como puede ser las dificultades que habrá para poder desalojar a los que de forma ilegal están ocupando un piso, que eso viene recogido en la ley y ha de ser aplicado en toda su extensión, en todo el territorio y con independencia del ayuntamiento”, ha señalado en declaraciones a los periodistas, durante una visita al municipio de Alcorcón, junto al candidato a la Alcaldía del PP, Antonio González Terol.
Martín ha recordado que el propio Consejo General del Poder Judicial ya advirtió en su informe “que era una ley que atentaba contra las competencias propias de las comunidades autónomas en materia de vivienda”.
La titular de Vivienda ha criticado que sea una ley “que interviene el mercado”, que traerá consigo que “se retiren viviendas y se dispare el precio”. “Esto es algo que el Gobierno tiene la obligación de conocer. Estas mismas medidas intervencionistas se han aplicado en Cataluña y el resultado ha sido nefasto. Supuso que salieran del mercado más de 20.000 viviendas que antes estaban a disposición de los ciudadanos para ser alquiladas y que se dispararán los precios”, ha apuntado, según Europa Press.
Y es que ha puesto el foco en que con el mero anuncio de esta ley hace un año “ya se ha producido un efecto directo”, dado que en “el año 2022 ha disminuido un 17% el número de viviendas en disposición de ser alquiladas y se han disparado los precios un 8,5%”.
“La política de Sánchez, aunque todavía no se haya consumado en su aprobación definitiva a las Cortes, ya ha tenido un efecto directo en el mercado de la vivienda. Un efecto que perjudica, precisamente, a quienes más dificultades tienen para acceder a ella”, ha indicado a continuación.
En cuanto al recurso, que ya han avanzado que presentará ante el Tribunal Constitucional, la consejera ha explicado que tienen que esperar a que se apruebe de forma definitiva en el Senado esta ley. Posteriormente, los servicios jurídicos de la Comunidad estudiarán aquellas materias que invaden “competencias” para recurrirlo.
“Con lo que tenemos encima de la mesa, el texto que conocemos, el informe del Consejo General del Poder Judicial, no cabe la menor duda de que atenta contra las competencias de la comunidades autónomas en materia de vivienda”, ha sostenido.
