El escrito de petición de pleno extraordinario está firmado por Juan Antonio Ballestero, José María Macías, María Ángeles Carmona, José Manuel Fernández Martínez, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart, Nuria Díaz, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea. Todos ellos forman el bloque conservador del CGPJ.
Estos vocales creen necesario la convocatoria urgente de un pleno en el que se aborden “las declaraciones vertidas ayer, 30 de enero, en la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, por oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la Señora Presidenta de las Cortes.
Asimismo, recuerdan la declaración institucional, aprobada por unanimidad, del pasado 19 de enero. En ella este órgano exponía su “rotundo rechazo” a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez García Castellón.
Durante el pleno de ayer en la Cámara Baja desde Junts, ERC o Bildu aludieron al magistrado del Supremo Manuel Marchena, así como a los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre.
“Llamamiento institucional a que nos dejen en paz”
El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha instado esta misma mañana a los representantes públicos a no cuestionar la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial. “Hago de nuevo un baldío pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder se guía por el principio de legalidad”, ha dicho durante su intervención en el acto de inauguración del curso 2024-2025 de la Escuela Judicial.
“Permitidme que una vez más, y lamento ser cansino pero más lo son ellos, haga referencia a lo sucedido ayer en el Congreso”, ha afirmado Guilarte, quien ha destacado que “amén del sainete y en lo que nos afecta, volvimos a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la Carrera Judicial”.
Tras destacar que Félix Bolaños “salió al paso inequívocamente de todo ello”, el presidente del consejo ha defendido que “no deben olvidar que también ellos, quienes nos insultan, son parte del poder legislativo de un Estado que los acoge y les brinda su Tribuna”. “La lealtad institucional”, ha continuado, “debiera llevarles al respeto de la independencia judicial y de separación de poderes que yo intento preservar desde lo nuestro frente a lo suyo, pero sin que me sea posible ante sus constantes injerencias”.
