Rafael Catalá, ministro de Justicia.
El pasado 22 de mayo, más de la mitad de los jueces y fiscales secundaron paros por la independencia judicial en todo el país. Pedían también unas cargas de trabajo saludables y mayor autonomía presupuestaria, entre otras demandas. La jornada fue el colofón de hasta cuatro paros parciales durante el mes anterior.
Una semana después los presidentes de 16 de los 17 Tribunales Superiores de Justicia autonómicos han denunciado que los secretarios de Gobierno se negaron a informar “sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro”.
Todos los altos tribunales salvo del del País Vasco han cursado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, que les ha dado la razón: “No contribuye al buen funcionamiento de la Administración de Justicia la actitud, el comportamiento y las instrucciones que hayan podido impartirse desde el Ministerio de Justicia que han obstaculizado el cumplimiento de los acuerdos dictados por este Consejo y, en su ejecución, por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que se dirigían a recabar información oficial y fidedigna sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo”.
La reprimenda del órgano de gobierno de los jueces al ministerio que dirige Rafael Catalá parece no tener precedente: “Estas actitudes originan un clima de desconfianza institucional, insólito hasta el momento, que compromete la buena marcha de la Administración de Justicia y la percepción que la ciudadanía debe tener sobre el equilibrado funcionamiento de las instituciones”.
El CGPJ ha calificado la actuación de los secretarios de Gobierno, (nombrados por el Ministerio de Justicia para cada tribunal Superior así como para el Supremo y la Audiencia Nacional) por dar “instrucciones inadecuadas en las formas” que vulneran las funciones de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
Por último, la Comisión Permanente del CGPJ anuncia que se dirigirá expresamente a Catalá para exigirle “las medidas oportunas con el fin de que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse”.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sus responsables denuncian que el secretario de Gobierno se negó a informar al presidente “sobre la suspensión de diligencias, vistas o señalamientos en los órganos judiciales de la región -tanto unipersonales como colegiados- como consecuencia directa del paro de jueces y magistrados”.
El TSJM ha mostrado respaldo a su presidente y “rechazo a la interferencia del Ministerio de Justicia en el ejercicio legítimo de sus funciones, entre las que está solicitar al secretario de gobierno información sobre las consecuencias del paro”.
En su queja al CGPJ, la Sala de Gobierno del alto tribunal madrileño ha denunciado “su preocupación por la naturaleza y el alcance de la intromisión del poder ejecutivo” en sus competencias, “al negarse a recabar datos relevantes para evaluar el funcionamiento de los juzgados y tribunales de la región en la jornada de paro del día 22 de mayo”.
El TSJM revela que, solo tras tres requerimientos y por la amenaza de sanciones por un posible delito de desobediencia, el delegado de Justicia “se ha comprometido a recabar urgentemente la información sobre las diligencias y vistas suspendidas en cada órgano de la Comunidad de Madrid y comunicarla a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia”.
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