Los sindicatos de inquilinos avisan de que la Ley de Vivienda no servirá para bajar los alquileres

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Imagen de un edificio de viviendas.

El Consejo de Ministros da luz verde este martes a la Ley de Vivienda del Gobierno de coalición. Y lo hará sin ninguna modificación sustancial tras el informe crítico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un texto ante el que los sindicatos de inquilinos ya han avisado que no servirá para bajar los alquileres.

“La medida estrella del texto aprobado por el Consejo de Ministros, la regulación de precios del alquiler, no convence en absoluto al Sindicat de Llogateres de Catalunya ni al resto de organizaciones inquilinas del estado español”. Así de tajante se muestran estos colectivos, que consideran que “no sería efectiva para bajar los precios de los alquileres”.

Según señalan, “habría que generalizar los supuestos de bajada de precios a todos los arrendadores (no solo a las empresas propietarias de diez viviendas o más, como prevé el texto actual)”. Asimismo, defienden “incluir un régimen sancionador, hacer menos restrictivos los criterios para la declaración de zonas tensionadas, prever la aplicación inmediata (sin periodos de gracia) y garantizar la vigencia de la regulación catalana (Ley 11/2020)”.

Además de esta medida, detalla el Sindicat de Llogateres en una nota, “otros aspectos de la ley hacen que no tenga efectos relevantes para la garantía del derecho a la vivienda y, concretamente, las persones inquilinas”. Y es que, detectan en el texto del Gobierno “oportunidades desaprovechadas que es imprescindible que se incorporen antes de su aprobación definitiva”.

De esta manera, plantean repercutir los honorarios de las inmobiliarias y los administradores de la propiedad “siempre a la parte arrendadora (como ya pasa cuando estas son empresas)” con el objetivo de “mitigar las barreras de acceso al alquiler”. También, y con la vista puesta en hacer del alquiler “una opción segura y estable”, reclaman prever a la ley contratas renovables automáticamente y unas actualizaciones de la renta limitadas al 2%. Por otro lado, abogan por poner límites al alquiler turístico y la eliminación de beneficios fiscales como los de las Socimi.

Sin estas modificaciones, aseguran, no merece la pena aprobar esta ley.

Ronda de contactos con el Gobierno y los grupos

El Sindicat de Llogateres de Catalunya da cuenta de que ya trasladó hace unos días a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, “la necesidad de hacer estos cambios en el texto legislativo antes de aprobarlo para conseguir una ley verdaderamente efectiva”. Una postura que compartirá con la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en su reunión del próximo día 11 de febrero.

Asimismo, anuncia una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que “hagan suyas” las propuestas de las organizaciones inquilinas y “condicionen la aprobación del proyecto de ley a la incorporación de estas enmiendas”. En este sentido, hace un llamamiento especialmente a los partidos que apoyaron a la iniciativa de ley de vivienda presentada por las entidades. Aluden a ERC, EH Bildu, Juntos, CUP, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias, Unidas Podemos-En comú Podem.