En un comunicado este miércoles, la cátedra ha explicado que a pesar de que los planes estatales de vivienda atribuyen al Gobierno la competencia exclusiva de coordinación de la planificación general de la actividad económica, “todas las administraciones deben fomentar” la promoción de vivienda desde una perspectiva social.
El informe apunta que las políticas públicas de vivienda “no deben estar sometidas a ciclos cortos” y que sería necesario un volumen de fondos propios del 30% en el alquiler social y del 15% en el alquiler asequible.
Ha asegurado que “el modelo de financiación actual es insuficiente” para impulsar la promoción de VPO, por lo que, textualmente, las administraciones públicas no han sido nada eficientes en articular un sistema adecuado y de confianza para los promotores.
Por otro lado, recoge Europa Press, los autores han alertado que las nuevas promociones “pueden resultar inviables” si no se crean líneas de préstamo subvencionadas, a pesar de las subvenciones del Plan 2022-2025 y los fondos Next Generation.