Cada 6 de diciembre a la Constitución le pitan los oídos. Pero en la edición de 2017 el pitido ya no se escucha, de tanto ruido alrededor. La discusión es redundante y los argumentos que en su día fueron novedosos aburren, porque el debate es una práctica saludable pero soporífera si no se avanza en la práctica ni evolucionan los razonamientos.
El melón de la reforma constitucional se abrió este año irreversiblemente, pero sus dos mitades están ahora sobre la mesa, momificándose. La última noticia es que los tres partidos que crearon una comisión para reformar la carta magna quieren escuchar hasta a 200 personas antes de formular qué cambios se pueden acordar.
El PP mantiene que es un partido de “palabra” y que cumplirá con la promesa a los socialistas de sentarse a reformar la Constitución después de que el PSOE apoyara la aplicación del 155 en Cataluña. Pero no parece haber ningún consenso, siquiera entre el bloque etiquetado este otoño como “constitucionalista”, sobre qué habría que modificar.
Es más, Mariano Rajoy no para de reafirmarse, en las últimas semanas, en dos ideas que políticamente deberían entenderse como incompatibles: que el PP se compromete a reformar la ley elemental y que sigue sin entender muy bien qué es lo que hay que cambiar. Los problemas derivados de la cuestión catalana, la financiación autonómica, la función del Senado o el sistema electoral no parecen argumentos de peso como para conformar una opinión clara sobre si la reforma es o no una necesidad.
Aunque hay que admitir que la última salida de los populares para rebajar la tensión es, como poco, novedosa: el mismo 6 de diciembre el presidente del Gobierno defendió que, en todo caso, es en Europa donde se está reformando la Constitución: “El gran debate es la profundización de la UE”, afirmó Rajoy “Es ahí donde se están dando los cambios de la Constitución” que “afectan a los ciudadanos españoles”.
Sin restarle importancia a la integración comunitaria, el argumento de la responsabilidad de Europa en un contexto en que las regiones españolas se atacan unas a otras por la financiación autonómica, donde las listas de espera de ciertas autonomías triplican a las de sus vecinas y con una de ellas intervenida por el Estado es un razonamiento ‘marciano’ para un espectador que acabara de llegar al debate en diciembre de 2017.
Su posición minoritaria en el Congreso impide al PP rechazar frontalmente una reforma que la mayoría del hemiciclo demanda, para uno u otro asunto. “Nadie ha hecho una propuesta clara sobre qué habría que cambiar”, defendía recientemente Rajoy.
Desde Aznar a Serrat
Pero el PSOE peleará por su pago por cerrar filas en el momento de aplicar el 155 en Cataluña. Los socialistas intentaron que el órgano creado para reformar la Carta Magna comenzase a funcionar antes de 2018, pero los tiempos, marcados por las elecciones catalanas, se han dilatado hasta enero.
Los meses de noviembre y diciembre se han caracterizado por el cruce de declaraciones entre Rajoy y Sánchez sobre cuánta “palabra” tiene el presidente del Gobierno. Porque los focos apuntan al secretario general socialista en una comisión donde Podemos y los partidos nacionalistas están ausentes.
El PSOE quiso que la llamada Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico fuese un paso previo al debate de la ley fundamental. Pero el PP discrepa: “No venimos con una idea preconcebida de reformar la Constitución, ni mucho menos para contentar una minoría en contra del criterio de la mayoría”, avisó el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, nada más constituirse la comisión.
En este cruce de jarros de agua fría no fue hasta el día de la Constitución cuando se conoció a qué personas, expertos y demás nombres reseñables pretendían los partidos citar para decidir cómo actualizar la Carta Magna: en esa lista hay de todo, desde Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero hasta Joan Manuel Serrat o Iñaki Gabilondo. También se quiere citar a todos y cada uno de los presidentes autonómicos.
Los populares ostentan la lista más amplia. Han solicitado llamar a la comisión territorial del Congreso a más de cien personas, incluidos los ‘padres’ vivos de la Constitución, los antecesores de Rajoy en la Moncloa y numerosos expresidentes autonómicos (que se suman a todos los actuales). Además, figuran en el listado los máximos responsables del Consejo de Estado, del INE, del CIS, del Consejo Económico y Social, así como a los exministros de Administraciones Públicas y Administraciones Territoriales. Entre ellos, a Rafael Arias Salgado, Jordi Sevilla y Jesús Posada.
PSOE y Ciudadanos son más modestos: los de Pedro Sánchez piden dotar a la comisión de “un carácter abierto a la sociedad y de cauce de todas las nuevas demandas ciudadanas”, por lo que solicitan la comparecencia de expertos constitucionalistas como Javier García Roca, filósofos, como Adela Cortina, historiadores, como Santo Juliá, sociólogos, como Belén Barreiro, politólogos, como Pablo Simón, economistas, como Antón Costas, organizaciones sociales, como Intermón-Oxfam y directores de los principales periódicos y diarios digitales. También la de personas del ámbito de la cultura, como Joan Manuel Serrat y periodistas, como Iñaki Gabilondo.
En esta particular carta a los Reyes Magos Ciudadanos se ciñe a 45 nombres entre los que subrayan su interés por escuchar a Alfonso Guerra y todos los presidentes autonómicos.
