Las familias afectadas por la venta de 3.000 pisos del IVIMA a un ‘fondo buitre’ que realizó el Gobierno de Ignacio González no piensan tirar la toalla tras más de cinco años de lucha aunque la Fiscalía haya cambiado de criterio y pedido archivar la investigación judicial en marcha al considerar que no se ha cometido ningún delito. Anuncian que sus abogados ya estudian el escrito del fiscal y las posibilidades de presentar recurso
Estos inquilinos que se vieron perjudicados por la venta de viviendas públicas a un inversor privado explican que la decisión de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid de solicitar al juzgado de Instrucción número 48 de Madrid el archivo de su causa les produce “incomprensión, indignación y rabia” y reconocen que ha sido “un auténtico jarro de agua fría para estos hogares» que -agrupados en torno a AVVI, Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA- piden que “se haga justicia y sean restituidos sus derechos como moradores de vivienda pública y protegida”.
Ni esta asociación ni la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) que la respalda entienden a qué se debe este cambio de criterio repentino del Ministerio Público, que ahora considera que “no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos» cuando antes sostenía que el proceso de enajenación de los inmuebles estuvo «trufado de irregularidades”. Recordando que “las irregularidades fueron tantas y de tal gravedad que el desarrollo de este proceso penal provocó, en febrero de 2016, la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado, y ha dejado en evidencia a otros políticos y altos cargos de la Administración regional, como la ex directora del IVIMA, Ana Gomendio”.
Recalcan que aunque “el fiscal que hasta ahora llevaba el caso ha sido reemplazado por otro, este hecho no debería afectar al criterio del Ministerio Público, máxime cuando los hechos que se juzgan se produjeron en una época prolija en episodios de corrupción política, como ha quedado de sobra acreditado en procesos como Gürtel, Púnica o Lezo. Este último provocó el ingreso en prisión del ex presidente regional Ignacio González, el mismo político del PP que estaba al frente de la Comunidad de Madrid cuando se vendieron al fondo buitre Goldman Sachs, por un precio muy inferior al del mercado y sin contar con sus moradores, 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos”.
Auténtico calvario
Y quieren que no se olvide que desde esa operación, que tuvo lugar en agosto de 2013, las 2.935 familias afectadas han vivido un auténtico calvario. “Muchas se han visto obligadas a abandonar sus pisos al no poder asumir las condiciones derivadas de la operación (como la pérdida de las ayudas al alquiler consecuencia del cambio de titularidad de la vivienda) o ante el abandono de los edificios por parte de Encasa Cibeles, la filial de Goldman Sachs que hoy los gestiona. Pero muchas otras familias resisten en sus viviendas, haciendo frente a las presiones de todo tipo de esta empresa, que busca desprenderse de los moradores de rentas más bajas para poder sacar más rédito de los inmuebles”.
Por lo que estas familias -que dicen estar tratando de encajar el revés originado por la Fiscalía- esperan que el juez que instruye el caso no lo cierre en falso “y continúe adelante con un procedimiento en el que habían depositado muchas esperanzas”.
Los vecinos responden al Ministerio Público, que aconseja a los damnificados olvidarse de la causa penal y recurrir a la vía contencioso-administrativa, que se mantienen abiertos al menos cinco procesos contencioso-administrativos relativos a la venta de esas 32 promociones, algunos de los cuales han levantado enormes expectativas entre las familias afectadas. Pero los damnificados también son conscientes de que este tipo de vía legal “es más larga y lenta aún que la penal y que la justicia lenta deja de ser justicia o es justicia de muy baja calidad”.
Haciendo saber a la Fiscalía que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 qdeclara «totalmente nula» la resolución del IVIMA por la que adjudicó a Azora Gestión el contrato de enajenación de las 32 promociones “por el precio de 201.000.0007 euros”. En el fallo, que ha sido recurrido por la Comunidad de Madrid y la propia Azora, el tribunal «no entiende por qué dejan de ser necesarias dichas promociones [tal y como ha argumentado el Gobierno regional], cuando juntan un total de 2.935 viviendas, que cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna, bien en régimen de alquiler, bien en ese mismo régimen con opción a compra, que se hallaban ocupadas en un 80%”.
