Así lo indica en el último Informe Trimestral de la Economía Española publicado este miércoles, en el que no se ha incluido el impacto del último paquete fiscal que el Gobierno dio a conocer la semana pasada, a la espera de su concreción normativa y de su posterior análisis detallado.
Pero de lo que sí ha hecho una estimación el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos es del impacto en las cuentas públicas de los nuevos gravámenes temporales a energéticas y banca que actualmente están en trámite en el Congreso de los Diputados, basándose en los propios cálculos del Gobierno, recoge Europa Press.
El Ejecutivo presentó a finales de julio una proposición de ley para gravar de forma temporal los ingresos de las energéticas y los márgenes y comisiones netas de las grandes entidades financieras, con el objetivo de recaudar en torno a 7.000 millones de euros entre 2023 y 2024.
De acuerdo con estas cifras aportadas por el Gobierno, en cada uno de esos años, los gravámenes temporales sobre el sector energético y las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito supondrán una mejora transitoria del déficit público de 0,3 puntos porcentuales de PIB, según indica el Banco de España.
La iniciativa parlamentaria incluye un gravamen del 1,2% de la cifra de negocios de grandes eléctricas, gasistas y petroleras. Estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.
De su lado, para las grandes entidades financieras, el gravamen buscará recaudará 1.500 millones de euros cada año. En concreto, se aplicará un tipo del 4,8% sobre su margen de intereses -intereses cobrados menos pagados- más sus comisiones netas cobradas menos pagadas.
No obstante, en la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 tras su aprobación por parte del Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que se evaluará la aplicación de manera permanente de estos gravámenes, tras los dos años en vigor previstos en la iniciativa parlamentaria.
También en el ámbito de la política fiscal, las nuevas medidas aprobadas desde junio suponen un incremento del déficit de las Administraciones Públicas de 2022 de 0,8 puntos del PIB, según los cálculos del Banco de España tomando las cifras aportadas por el Gobierno. Todas esas medidas tienen una naturaleza transitoria, salvo el aumento de 0,1 puntos de PIB del gasto en defensa.
En conjunto, el importe de las medidas temporales que han sido aprobadas desde el comienzo de este año en relación con el repunte de precios de la energía y las consecuencias de la guerra ascendería a 1,3 puntos porcentuales de PIB.
Con respecto a las proyecciones de junio, el Banco de España espera, en todo caso, una reducción mayor del déficit público este año, dado que el aumento de la recaudación impositiva en el conjunto del ejercicio superará ampliamente el coste de las nuevas medidas.
