El presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, Javier Jordán, ha explicado en declaraciones a la prensa a la entrada del TS que los sindicatos convocantes –CSIF, STAJ, CCOO y UGT– entienden que tanto Llop como Rodríguez han vulnerado el derecho a la negociación colectiva porque “lo que ha sucedido no es una negociación real y efectiva, que es lo que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.
“Se ha limitado a un mero trámite de una introducción a una propuesta, eso no se puede considerar una propuesta, y a una cerrazón y cierre de filas en torno a ese papel, que para nosotros es totalmente inaceptable”, ha señalado.
Jordán ha subrayado que un Gobierno que defienda los principios de un Estado social y democrático de derecho “tiene que respetar la negociación colectiva y el derecho a la libertad sindical, porque es un logro de los trabajadores y las trabajadoras que se ha obtenido a lo largo de los siglos y, al principio, con derramamiento de sangre”.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, precisa que desde que comenzó la huelga indefinida, el pasado 17 de abril, con paros parciales y de jornada completa, para después ir a una huelga total desde el 22 de mayo, se han producido solamente tres reuniones con el Ministerio.
En la última reunión, del pasado martes, las posiciones encallaron. El comité de huelga insistió en reclamar esa subida salarial de 430 euros mensuales, instando a Justicia a hacerle al menos una contrapropuesta económica, pero desde el departamento de Llop se limitaron a ofrecer el compromiso de seguir negociando tras las elecciones generales previstas para el 23 de julio. Los funcionarios lo consideraron “absolutamente insuficiente y una burla después de mes y medio de huelga”.
Así las cosas, la denuncia sostiene que “el comité de huelga ha cumplido escrupulosamente esta obligación de negociar asistiendo a las reuniones que han sido convocadas, no así el Ministerio de Justicia y sus máximos responsables, la ministra y el secretario de Estado de Justicia”.
Reprocha a ambos que, “a sabiendas de esta obligación de negociar desde el momento de preaviso y durante la huelga, lo han evitado no convocando ninguna reunión desde el 24 de abril hasta el 6 de junio, y dando por finalizada las negociaciones aunque la huelga continúa y no se ha alcanzado ningún acuerdo para su convocatoria”.
“El incumplimiento de su obligación de negociar por el Ministerio de Justicia y sus máximos responsables es un acto contrario a derecho y realizado a sabiendas de su ilegalidad”, afirman los sindicatos firmantes.
Ese mismo martes, los negociadores del comité de huelga decidieron llevar a cabo un encierro en la sede de San Bernardo 21 en busca de una “verdadera” propuesta por parte del Ministerio. A través de un comunicado, el comité de huelga acusó a Justicia de “maltratar” a sus negociadores por restringirles los movimientos dentro del edificio e impedir que se les llevara comida desde el exterior.
En estas 72 horas el escenario ha ido empeorando, ya que el miércoles por la mañana, cuando varios funcionarios se acercaron al Ministerio tras 12 horas de encierro, sí lograron entregar a los miembros del comité de huelga ropa, comida y algunos medicamentos.
Ya este viernes por la mañana, uno de los negociadores encerrados ha tenido que ser evacuado por el SAMUR por problemas de salud. El resto de sus compañeros continúan en el interior, aunque Jordán ha enfatizado que “el no comer decentemente” está afectando a “su estado físico y mental”.
