Rechazo frontal de los empresarios catalanes al decreto ley de la Generalitat que permite que los negocios cerrados o limitados en su actividad por el covid-19 paguen la mitad del alquiler. La patronal Foment del Treball pide al Govern que asuma de su bolsillo esta rebaja del 50% en la mensualidad.
“Las pérdidas de ingresos los debe asumir la administración que altera el contrato privado”, sostienen estos empresarios, defienden la necesidad de promover la mediación entre propietarios y arrendatarios de los locales comerciales o de uso profesional, “pero sin alterarla con una cláusula que adelanta el resultado final de la negociación”.
Para Foment el Ejecutivo catalán debería concentrarse “en la promoción de ayudas directas y la inyección de fondos económicos” a aquellos sectores de actividad afectados por las medidas para contener la pandemia y “no en la aprobación de normas y leyes que perjudican a empresarios, trabajadores y, hoy también, a los propietarios de locales y establecimientos de alquiler”.
Según esta patronal, el anuncio de la Generalitat es “de dudosa constitucionalidad y provoca inseguridad jurídica”. “La suspensión de la actividad en bares, restaurantes, gimnasios, centros de belleza, etc”, así como “la consecuente pérdida de ingresos”, afirma, “no puede ser asumida ni por los propietarios de los locales, ni tampoco por los empresarios, sino que se debe repercutir a la administración que ha ordenado el cierre de los negocios o ha limitado parcialmente su actividad”.
De esta manera, Foment considera que “si bien es correcto promover una negociación no es asumible dictar una norma que la altera y condena previamente a los propietarios a perder una parte o la totalidad de la renta”. Dicho esto, insiste en que este decreto ley “es injusto y lesivo para los propietarios y condena aún más al cierre de los negocios y a la pérdida de empleo”.
