Según el Sindicat de Llogaters de Catalunya, la regulación de alquileres propuesta en la Ley de Vivienda “está diseñada para poder seguir subiendo los precios”. Así lo concluye tras realizar una simulación de cuánto subiría el alquiler medio de una zona de mercado tensionado como Barcelona en base a las excepciones que la norma permite a la limitación de precios. De acuerdo a esto, destaca, un nuevo contrato de alquiler que se firmara este año y con la ley vigente podría aumentar hasta un 35% el precio en 2028.
Para los cálculos, el sindicato ha tomado de referencia el precio medio de alquiler de la Ciudad Condal en diciembre de 2022: 1.077 euros. “Con el redactado actual de la Ley de Vivienda, a ese precio se le podría añadir”, apunta, “un 10%, en el momento de renovación de contrato, alegando simples mejoras de accesibilidad, como una rampa o un nuevo interfono con vídeo”. Asimismo, “un 2% adicional, correspondiente a la actualización de 2023” y el IBI, “ya que la ley no prohíbe añadir tasas y tributos al precio del anterior contrato (sólo menciona que no se pueden añadir cuotas o gastos)”. El importe medio del IBI en la ciudad de Barcelona de 2021, según datos de OCU, es de 622 euros anuales. Esto se traduce en una subida de 52 euros mensuales.
“Sólo con estos tres elementos, ya se podría aumentar un 19% el precio en ese mismo año, 2023”. Pero aquí no queda la cosa, afirma el sindicato. “Para calcular cómo evolucionaría ese precio a partir de aquí y hasta el final del contrato, hay que tener en cuenta que la ley permite una otra actualización del 3% en 2024, y nuevas actualizaciones a partir de 2025”. Estas últimas “serán en función de un nuevo índice, por ahora desconocido”.
Para este colectivo de inquilinos, “incluso suponiendo que este índice está bien diseñado y logra limitar las actualizaciones anuales a un máximo del 3%”, seguirá subiendo el alquiler.
Así, avisa, “si el arrendador es una persona física, el contrato terminará en 2028, pagando un 35% más que ahora: 1.453 euros. En cambio, si el arrendador es una empresa, el contrato terminará en 2030 pagando un 43% más: 1.538”.
No obstante, en su opinión, “el gran agujero, sin duda, son los alquileres de temporada que no tienen regulación alguna”. De ahí que el sindicato incida en la necesidad de corregir todo esto y hacer una regulación “efectiva” de los alquileres.
“Fin de la estafa inmobiliaria y otros avances”
Pese a todo esto, los sindicatos de inquilinas e inquilinos de Cataluña y de Madrid apuntan que esta ley contempla “avances que reconocemos como victorias de nuestra lucha”. En este sentido, ponen el acento en el “fin a la estafa de las inmobiliarias”. “Los inquilinos ya no deberán pagar unos honorarios injustos, de hasta el 10% de la anualidad”, exponen en una nota conjunta, en la que defienden que estos “honorarios suponían no solamente un robo sino una barrera muy importante de acceso a la vivienda para muchas personas”.
“Además, se termina con el principal mecanismo de las inmobiliarias para monopolizar toda la oferta y convertir a la población inquilina en un mercado cautivo”, celebran. También aplauden la bajada del criterio de gran propietario de 10 a 5 inmuebles, “en aquellas comunidades que así lo decidan”, y la penalización a los pisos vacíos.
Dicho esto, reiteran que la norma “está llena de agujeros” y “sabemos que no pocas inmobiliarias, rentistas y especuladores intentarán saltarse sus obligaciones”.
