La Comisión Europea planteó a finales de septiembre esta medida a la que los Estados miembro dan ahora luz verde, tras lo que consideran un «ataque híbrido» dirigido contra la frontera exterior de la UE desde Minsk, a quien acusan de instrumentalizar la migración y traficar con seres humanos para presionar al bloque.
En concreto se trata de suspender las disposiciones del acuerdo de facilitación de visados que la UE mantiene con Bielorrusia de modo que altos cargos y otros funcionarios relevantes del gobierno de Lukashenko pierdan la reducción de costes y otras ventajas que les ahorran muchos trámites al solicitar este documento para viajar a territorio comunitario.
Los Veintisiete han querido recalcar que el endurecimiento de las condiciones de visado se aplicarán únicamente a «funcionarios del régimen bielorruso» y no a la población civil, que seguirá beneficiándose de la flexibilidad en materia de visados previsto en el acuerdo de aplicación hasta ahora.
De este modo, las restricciones se aplicarán a miembros de las delegaciones oficiales de Bielorrusia invitados a participar en reuniones oficiales, consultas, negociaciones o programas de intercambio en la UE, así como en eventos celebrados en uno de los Estados miembros por organizaciones intergubernamentales.
También afectará a miembros de los gobiernos y parlamentos nacional y regionales de Bielorrusia y del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en el ejercicio de sus funciones.
«Es inaceptable que Bielorrusia juegue con la vida de seres humanos con fines políticos. Esta decisión demuestra una vez más nuestra voluntad de seguir luchando contra el ataque híbrido», ha indicado en un comunicado el ministro de Interior de Eslovenia, presidencia de turno de la UE, Ales Hojs.
La llegada de miles de migrantes a la frontera con Polonia con la connivencia de las autoridades bielorrusas ha tensado aún más las relaciones entre Minsk y la UE, quien se dispone a ampliar las sanciones previstas contra Bielorrusia para reaccionar al uso de la migración y baraja, entre otras medidas, incluir en una lista negra a las aerolíneas de terceros países que faciliten el tránsito de migrantes irregulares hasta Bielorrusia.
