La nueva orientación económica que propone Bruselas tendrá que ser debatida por el Parlamento Europeo y aprobada por el Consejo, aunque durante estos años ya ha habido numerosos contactos para que haya un principio de acuerdo sobre las medidas que vayan a implantarse. Es posible que, bajo la presidencia española, en el segundo semestre del año próximo, pueda llegarse al consenso final entre las instituciones comunitarias una vez que ahora se inicia el proceso de negociación.
LAS NOVEDADES
Tanto el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, como el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, recordaron que esta propuesta tiene en cuenta “las nuevas circunstancias y los desafíos a los que se enfrenta la UE” tras la crisis del 2008, la pandemia, el ataque de Rusia en Ucrania y ahora la inflación.
La idea principal es que los países tendrán que presentar un plan a cuatro años bajo las directrices generales de la Comisión peor ajustándolo a cada situación concreta. “No podemos utilizar el mismo traje para todos” según Gentiloni, aunque la exigencia de un máximo de un 3% de déficit y un 60% de deuda pública se mantendrán como objetivos principales. La lucha contra la deuda, que en algunos países como Italia, España o Bélgica está por encima del 100% del PIB, será una de las referencias principales, “pero siguiendo una reducción de manera gradual y contenida” según Dombrovskis que, en algunos casos, podrá ampliarse en el tiempo para “adaptarse a las circunstancias” de cada Estado.
Es decir que habrá mayor flexibilidad que en el actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Lo segundo es poner en el mismo nivel de exigencia la estabilidad presupuestaria y el crecimiento que faciliten el desarrollo de cada uno de los países. “Queremos un itinerario país por país que sea realista” subrayó el vicepresidente de la Comisión.
Otra de las ideas es simplificar el sistema de control y vigilancia de la evolución de cada país y cambiar el sistema de sanciones para hacerlo más rápido y eficaz que actualmente. Quien no cumpla deberá justificar muy bien las razones si no quiere verse expuesto a las multas. “Y siempre habrá una cláusula de escape para las situaciones límite como una pandemia, una guerra u otro tipo de conflictos graves” según aclaró Gentiloni.
Habrá un único indicador operativo -el gasto primario neto, es decir, el gasto que está bajo el control de un gobierno- serviría de base para fijar la senda de ajuste fiscal y llevar a cabo la supervisión fiscal anual, lo que simplificará considerablemente la gestión.
FUNCIONAMIENTO
La Comisión presentará una senda de ajuste fiscal de referencia, que abarcaría un período de cuatro años, basada en el análisis de la sostenibilidad de la deuda. Esta senda de ajuste debería garantizar que la deuda Estados con problemas en ese ámbito sean capaces de ajustar sus planes, y que el déficit se mantenga de forma creíble por debajo del valor de referencia del 3% del PIB establecido en el Tratado.
A continuación, los Estados miembros presentarían sus planes en los que se fijaría su trayectoria fiscal a medio plazo, así como sus compromisos prioritarios de reforma e inversión pública. En determinados casos podrán ampliar hasta tres años más el plan para hacer frete a las exigencias de Bruselas.
Como tercer paso, la Comisión evaluaría los planes, dando una valoración positiva si la deuda se sitúa en una senda descendente o se mantiene en niveles prudentes, y el déficit presupuestario se mantiene de forma creíble por debajo del valor de referencia del 3% del PIB a medio plazo.
Por último, la Comisión supervisará continuamente la aplicación de los planes. Los Estados miembros presentarían informes anuales sobre la aplicación de los planes para facilitar un seguimiento eficaz y garantizar la transparencia
MAS FLEXBILIDAD Y SANCIONES
Se dará más margen a los Estados miembros para el diseño de sus trayectorias fiscales. El procedimiento de déficit excesivo (PDE) basado en el déficit se mantendría, mientras que el PDE basado en la deuda se reforzaría. Se activaría cuando un Estado miembro con una deuda superior al 60% del PIB se desvíe de la senda de gasto acordada.
Se reforzarán los mecanismos de ejecución: el uso de sanciones financieras se hará más eficaz al reducirse sus importes. La condicionalidad macroeconómica para los fondos estructurales y para el Mecanismo de Recuperación y Resistencia se aplicaría con un espíritu similar, es decir, la financiación de la UE también podría suspenderse cuando los Estados miembros no hayan tomado medidas efectivas para corregir su déficit excesivo.
Los dos comisarios se esforzaron en ahuyentar la idea de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, actualmente en vigor, haya sido un fracaso. “Hemos luchado contra importantes desafíos y creo que no ha ido tan mal” reiteró Dombrovskis.
El eurodiputado socialista Jonás Fernández ha señalado que la propuesta de La Comisión sobre la reforma de la gobernanza económica de la UE “va en la dirección correcta. En estos tiempos de incertidumbre y crisis, Europa necesita políticas económicas y fiscales audaces, y nos complace ver que la Comisión finalmente está lista para lanzar una reforma de este tipo”.
