La patronal de las pequeñas gasolineras insiste en sus críticas a la bonificación aprobada por el Ejecutivo de coalición. El real decreto, afirma, “está generando una situación de caos y desconcierto en un segmento de actividad económica fundamental para la economía”. Ante esto, exige a la Administración el “cumplimiento” de varios “puntos”. Entre ellos, que el Gobierno “confirme por escrito cuál va a ser el tratamiento fiscal y contable de la reducción de 20 céntimos por litro que se está aplicando desde el pasado 1 de abril”.
“La redacción de la norma es tan deficiente que admite interpretaciones”, considera la CEEES, que destaca que las estaciones de servicio “queremos hacer las cosas bien, pero si no nos aclaran esta cuestión podríamos incurrir en un fraude”.
Asimismo, defienden la necesidad de un “interlocutor válido por parte de la Administración que pueda tomar decisiones ejecutivas”. “Hasta ahora, la interlocución ha sido excelente, pero poco o nada operativa”, lamentan estas gasolineras.
Otras de las cuestiones que reclaman atañe a los “problemas a la hora de solicitar los anticipos”. “Muchas estaciones de servicio que se encuentran al día de todas sus obligaciones para con la Administración”, detallan, “siguen sin poder pedirlos”. Ante esto, ven “urgente que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico habilite una línea telefónica de asistencia24/7 en la que se atiendan caso a caso estas incidencias y se ofrezca solución a las pymes del sector”.
Junto a esto, abogan por “una guía práctica de aplicación que les ayude a realizar las liquidaciones, de manera que se eviten errores que posteriormente desemboquen en una denegación de la liquidación”. Según explican, “hasta el momento cada estación de servicio está adelantando, de media, más de 1.000 euros para cumplir con esta medida, pero a la hora de hacer las liquidaciones se estarán jugando un promedio de entre 30.000 y 40.000 euros por instalación”.
Relacionado con esto último, las pequeñas gasolineras llaman a los gobiernos autonómicos a seguir el ejemplo de la Generalitat Valenciana y pongan en marcha “una línea extraordinaria de créditos al 0% de interés de los que puedan beneficiarse las empresas de un sector que genera 50.000 empleos en toda España y garantiza la movilidad de empresas y particulares”.
De no atenderse estas peticiones, la confederación de estaciones de servicio traslada a sus asociados “que el modo en el que se está implementando esta medida nos hace operar con una insoportable inseguridad jurídica”. Si las gasolineras “continúan vendiendo carburantes a partir de entonces, será bajo su propia responsabilidad”. Asimismo, deja claro que “la Administración ha de entender que si nos arrincona, obligándonos a vender a pérdidas, nos dejarán pocas salidas”. “Y ello a apenas unos días de una Semana Santa, que tanto nuestro sector como otros sectores de la economía preveían fantástica”, recuerda. La amenaza de un paro está sobre la mesa.
La Asamblea General de CEEES se reúne este miércoles para “analizar la situación creada por la Administración y decidir las respuestas más adecuadas”. Entre ellas, asegura, “no descartamos la adopción de medidas legales contra una disposición mal diseñada y peor ejecutada”. Algo que ya ha anunciado la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae).
