La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, atiende a los medios de comunicación a su salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España) (Foto: A. Pérez Meca - Europa Press)
Desde el Gobierno creen que esta postura indica que, pese a su rechazo público, finalmente acabarán acogiendo la medida si se aprueba en el Congreso.
El Gobierno central propuso la condonación de hasta 83.000 millones de deuda autonómica, una medida que necesitaba el apoyo de al menos una comunidad autónoma para salir adelante en el CPFF. Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña respaldaron la iniciativa, mientras que las regiones gobernadas por el PP optaron por abandonar la reunión antes de debatir el asunto.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda explican que su retirada se considera una abstención, ya que los representantes ‘populares’ firmaron el acta inicial del encuentro. Desde el Ejecutivo interpretan esta estrategia como un intento de no desmarcarse de la postura de Génova sin cerrarse completamente a la posibilidad de aceptar la medida en el futuro.
Desde el Ministerio de Hacienda consideran que las comunidades del PP prefirieron evitar un rechazo explícito a la condonación de la deuda para no renunciar a sus beneficios si finalmente se aprueba en el Congreso. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anticipó antes del CPFF que las autonomías del PP acabarán aceptando la medida pese al rechazo inicial del partido.
En línea con esta hipótesis, en los últimos días han surgido posturas más matizadas dentro del PP. Por ejemplo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, señaló que su gobierno estudiaría la «letra pequeña» de la condonación antes de descartar cualquier opción.
El Ejecutivo está dispuesto a introducir modificaciones en la propuesta durante su tramitación parlamentaria. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) respaldó la condonación, aunque recomendó condiciones específicas para garantizar que los fondos liberados se usen de manera eficiente.
Diferentes grupos parlamentarios han solicitado ajustes, como mecanismos para distribuir de forma más equitativa la quita. Montero aseguró que el Gobierno analizará estas peticiones conforme avance el debate en el Congreso.
Pese a la posibilidad de acogerse a la condonación, algunos gobiernos autonómicos del PP han adelantado que podrían recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha confirmado que su gobierno acudirá a los tribunales si la ley es aprobada.
Por su parte, el consejero de Presidencia de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha indicado que la comunidad analizará la legalidad del proceso antes de tomar una decisión definitiva sobre un posible recurso.
En este proceso no están incluidas Euskadi y Navarra, ya que tienen un régimen fiscal propio. No obstante, han solicitado algún tipo de compensación similar, alegando que la condonación beneficiará a comunidades que han necesitado más financiación estatal, mientras que las forales han mantenido cuentas más saneadas.
La ministra Montero reconoció que las comunidades forales han planteado algunas demandas de flexibilidad fiscal, aunque aún no se han concretado las medidas que podrían aplicarse en su caso.
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