«Este acuerdo es un gran logro ya que impulsará el despliegue del emergente sector del hidrógeno, la transición del sector del gas hacia las energías renovables y también establece reglas para la protección del consumidor y fortalece la seguridad del suministro», ha apuntado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el marco de la presidencia española del Consejo.
La directiva forma parte del paquete de descarbonización de los mercados del hidrógeno y el gas, que también incluye un reglamento, y el objetivo de ambos es crear un marco regulatorio para infraestructuras y mercados dedicados al hidrógeno y una planificación integrada de redes.
Asimismo, establecen normas para la protección de los consumidores y refuerzan la seguridad del suministro, mientras que la parte restante del paquete del gas será acordada más adelante por el Consejo y el Parlamento.
El acuerdo, que aún debe ser refrendado por ambas instituciones, establece la división entre operadores de redes de transporte (TSO)y operadores de redes de distribución (DSO) para el hidrógeno.
En cuanto a la protección de los grupos vulnerables, los Estados miembro deben garantizar que el derecho a cambiar de proveedor o participante en el mercado se conceda a los clientes de forma no discriminatoria en términos de coste, esfuerzo y tiempo.
También establece disposiciones sobre cómo podrían producirse las desconexiones, con el fin de proteger a los clientes del futuro desmantelamiento de la red de gas o su reconversión al hidrógeno. Los Estados miembro tendrán el poder de decidir cómo proteger a los clientes vulnerables de las desconexiones y decidir cómo apoyarlos.
Por último, el acuerdo provisional prevé una mayor coordinación entre los planes de desarrollo de redes de hidrógeno, electricidad y gas natural. Los planes de desarrollo de la red se basarán en la integración sectorial, el principio de «poner primero la eficiencia energética» y la priorización del uso del hidrógeno en sectores difíciles de descarbonizar.
