Y al mismo tiempo la sesión plenaria del Parlamento Europeo (PE), celebrada en Estrasburgo (Francia), tomó dos decisiones cruciales: una aprobar uno de los paquetes del denominado Objetivo 55 (Fit for55) y otra, más política, instar a la reformulación del Tratado de la Unión, entre otras cosas para intentar poner fin a la unanimidad entre los países para la toma de decisiones.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había intervenido antes, el martes, en el pleno del PE para reconocer que el sistema actual no funciona bien.
El respaldo a la propuesta española y portuguesa para imponer un tope al precio del gas en la subasta diaria del mercado eléctrico fue anunciada a mitad de semana en Bruselas. Supondrá una rebaja de aproximadamente el 15% en la factura final de los ciudadanos y estará en vigor hasta mayor de 2023 como máximo. Pero la medida abre la puerta a una revisión general de esa subasta en el continente.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había intervenido antes, el martes, en el pleno del PE para reconocer que el sistema actual no funciona bien. Y para defender una reforma de modo que el gas, disparado de precio desde el año pasado -y más desde el conflicto de Rusia en Ucrania-, no sea el que distorsione el mercado. Von der Leyen se ha sumado, pues, a una opinión que vienen defendiendo las autoridades españolas desde finales del verano pasado cuando los precios empezar a crecer desmesuradamente.
Pero la presidenta defendió también, como lo vienen haciendo los representantes de la Comisión con frecuencia, la necesidad de reducir al mínimo la dependencia del gas y de otros combustibles para fijarse en las energías renovables, cada día más operativas y más baratas. En ese sentido en Bruselas ven a España como una fuente importante de ese abastecimiento por sus características.
Pero para confirmarlo será necesario reforzar los canales de distribución y las conexiones entre la península y Francia, a las que tanto se ha opuesto el gobierno de París. Conexiones que, según el presidente español, deberán ser una inversión de la UE.
Y ya han comenzado los movimientos que reflejan un cambio de tendencia. En la región de Flandes, la más habitada de Bélgica, el gobierno regional ha anunciado que prohibirá la instalación de calderas de gas en los edificios de nueva construcción a partir de 2025. En líneas generales se recomienda la sustitución de ese tipo de instalaciones por otras que consuman otros tipos de energía, en especial las denominadas bombas de calor.
EL CONFLICTO CON ARGELIA
Pero a la reducción del precio del gas solo para España y Portugal que obligará a un complicado mecanismo regulatorio se ha añadido el choque institucional entre Argelia y España. Es la respuesta del gobierno africano al reconocimiento por parte de España de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Un golpe inoportuno en el peor momento, con el precio de la energía disparado, los combustibles por las nubes y la inflación desatada.
Para el país africano cualquier medida que afecte a sus exportaciones será muy preocupante porque la UE es su principal socio. Sin embargo, para Europa Argelia representa una cantidad ínfima de sus ventas.
La ruptura en las relaciones comerciales impuesta por Argel se ha encontrado, no obstante, con el rechazo de la Unión Europea (UE), que es una de las principales bazas de España en este conflicto. La UE es competente en materia de comercio y un ataque a uno de sus 27 socios es considerado un ataque a todos ellos. Por lo tanto, Argel, que recibe ayudas muy considerables de la UE -entre otras cosas para impedir la inmigración ilegal- se verá muy presionada por Bruselas.
El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, suspendió el viaje previsto a Estados Unidos para asistir a la cumbre iberoamericana, para reunirse en la capital belga con el principal responsable de los asuntos económicos europeos, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Valdis Dombrovskis. El resultado es que Bruselas respalda a España y la diplomacia argelina se ha sorprendido de la contundencia de la respuesta comunitaria.
La nota de respuesta argelina en la que habla de “precipitación” por parte comunitaria y no alude a ninguna salida negociada da a entender que el problema se ha enquistado. El ministro Albares, por su parte, insistió tras la reunión en Bruselas que España y la UE están abiertas al diálogo. Para el país africano cualquier medida que afecte a sus exportaciones será muy preocupante porque la UE es su principal socio. Sin embargo, para Europa Argelia representa una cantidad ínfima de sus ventas.
EL MEDIO AMBIENTE Y LOS COCHES
En medio de esta situación el pleno del PE, que se celebra una vez al mes en Estrasburgo, ha acordado algunas de las medidas del denominado paquete Objetivo 55 (Fit for 55 in 2030) propuesto por la Comisión. Se trata de un conjunto de medidas encaminadas a revisar y actualizar la legislación de la UE con el fin de alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de al menos el 55% que la UE se ha fijado para el año 2030 en comparación con los niveles de 1990. Un objetivo que obligará a cambios radicales tanto en la generación como en el consumo de energía y que implica a todos los actos económicos.
Europa marca el rumbo mundial en materia de lucha contra el cambio climático, aunque muchos colectivos consideran que, a pesar de todo, esas medidas son insuficientes.
Al mismo tiempo el propio PE también aprobó que a partir de 2035 no puedan venderse vehículos con motor atmosférico (tanto de gasolina como diésel, incluidos los híbridos) en Europa. Una medida que obligará a cambiar la totalidad del parque móvil con el objetivo fijado por la Comisión de llegar a la neutralidad en las emisiones de efecto invernadero en 2050.
Europa marca el rumbo mundial en materia de lucha contra el cambio climático, aunque muchos colectivos consideran que, a pesar de todo, esas medidas son insuficientes. Para otros son apresuradas y pueden afectar a la evolución económica del continente, justo cuando padecemos una presión sobre los precios que no se recordaba desde los años 70 del siglo pasado. España es uno de los principales productores de vehículos de combustión lo que implicará importantes cambios en sus fábricas.
COMERCIO DE EMISIONES
Al mismo tiempo los eurodiputados rechazaron el informe sobre la revisión del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE y devolvieron a la comisión tres proyectos de ley que forman parte del paquete «Fit for 55».
Conservadores, liberales, socialdemócratas y verdes -aunque estos últimos y otros grupos de izquierda preferirían acelerar el proceso- están de acuerdo en que el continente esté a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático
Los proyectos de ley sobre la reforma del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), el Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono de la UE (CBAM) y el Fondo Social del Clima fueron rechazados por 340 votos a favor, 265 en contra y 34 abstenciones.
Los socialistas, Podemos y Vox votaron conjuntamente contra el informe, lo que provocó un reguero de opiniones del PP y Ciudadanos respecto a la posición de los socialistas. Tanto PP como Ciudadanos han puesto el acento en que la descarbonización ha de ser sostenible desde el punto de vista social y económico.
En líneas generales, y pese a este desacuerdo puntual sobre las emisiones que tanto preocupa al sector industrial español, las grandes corrientes ideológicas de Europa: conservadores, liberales, socialdemócratas y verdes -aunque estos últimos y otros grupos de izquierda preferirían acelerar el proceso- están de acuerdo en que el continente esté a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático.
TRATADO Y SALARIOS
El pleno también logró acuerdos importantes sobre otras materias. Al analizar las propuestas presentadas por la Conferencia sobre Europa en la que miles de ciudadanos han intervenido en los últimos meses, el PE defiende que se revisen los Tratados.
Se acordó impulsar la propuesta para que exista un salario mínimo europeo
Entre otras medidas para ahondar en la Europa unida hay una muy significativa: la de eliminar la obligación de que las resoluciones del Consejo -el órgano que representa directamente a los 27 gobiernos- se tomen por unanimidad. Eso da lugar, como ha ocurrido recientemente, a que algunos países como Hungría bloqueen decisiones en las que el resto están de acuerdo.
Y, por último, se acordó impulsar la propuesta para que exista un salario mínimo europeo, aunque todavía se está lejos de llegar a un punto de encuentro, teniendo en cuenta las enormes diferencias entre unos países y otros. Pero se avanza en esa dirección que tanto han reclamado los agentes sociales.
