El texto señala que “serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios”.
Y añade que “los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”.
Además, continúa, “en caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años”.
El PSOE asume que tiene coste electoral
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha admitido que la derogación del delito de sedición que se aplicó a los condenados por la causa del proceso independentista de 2017 puede tener un coste electoral, aunque se ha mostrado convencido de que sus votantes lo entenderán si son capaces de trasladar los resultados que está teniendo en Cataluña.
Según ha indicado, el PSOE hace política para mejorar la vida de los ciudadanos “aunque le cueste votos”, aunque dentro de la Constitución, según ha precisado. “La traición estaría en no intentarlo”, ha trasladado.
“En cuanto a que si tiene coste electoral lo acabo de decir, el gobierno progresista adopta decisiones, hace política independientemente del coste electoral”, ha reiterado al ser preguntado al respecto. Además ha indicado que lo hacen para resolver problemas y mejorar la convivencia. “Creo que lo estamos logrando, a la vista está”, ha apuntado, según la citada agencia.
