Mónica García presenta un informe sobre el acceso a la sanidad de la población migrante.
El estudio compara el estado de salud de los nacidos en España con el de personas procedentes de cinco grandes áreas geográficas del mundo (Europa UE, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y Otras regiones), siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según detalla Sanidad en una nota, para ello, se han seleccionado los 21 problemas de salud que concentran más gasto y presión asistencial, al requerir más consultas, tratamientos y seguimiento médico.
Los resultados son “concluyentes”, asegura, y la población autóctona presenta una “prevalencia superior” en 16 de las 21 patologías estudiadas en comparación con todas las regiones analizadas. En cuatro de ellas —trastornos de ansiedad, trastornos del metabolismo lipídico, infecciones respiratorias agudas del tracto superior y asma— las tasas de prevalencia superan en más de 20 puntos las registradas en el resto de las regiones.
El informe también identifica ámbitos en los que la situación de salud es muy similar entre los distintos grupos analizados. Es el caso del infarto agudo de miocardio, con una tasa de 8,7 por mil en personas nacidas en España frente a 8,8 en las procedentes de la Unión Europea, así como de la hipertensión no complicada, que presenta cifras prácticamente equivalentes entre la población autóctona (172,2) y la originaria de África (174,4). “Esta convergencia se observa igualmente en el ámbito de la salud mental”, expone el ministerio, donde el porcentaje de personas que acudieron a un profesional en el último año es casi idéntico: 18,2% en nacidos en España y 18,1% en población nacida en el extranjero.
Hay cinco excepciones en las que la población migrante presenta peores indicadores de salud. La primera es la diabetes mellitus no insulinodependiente, con una tasa de 103,2 por mil en personas procedentes del Mediterráneo Oriental, frente a 69,3 en la población nacida en España.
La población de origen africano registra una mayor incidencia de hipertensión no complicada (174,4 frente a 172,2) y de insuficiencia renal crónica (26,2 frente a 21,2). Finalmente, las personas nacidas en Latinoamérica declaran en mayor proporción problemas con el sistema sanitario (27,1 frente a 15,9), lo que evidencia barreras administrativas y burocráticas en su relación con los servicios públicos.
Respecto a la carga de enfermedad crónica también es notablemente mayor entre los nacidos en España. El informe señala que este grupo presenta la tasa más elevada de multimorbilidad (presencia de al menos un problema de salud crónico), con 472,3 casos por mil personas, lo que supone una tasa entre un 24% y un 38% superior a la de regiones como Latinoamérica o la Unión Europea. De hecho, la tasa de personas que padecen tres o más problemas de salud crónicos es hasta un 65% mayor en la población nacida en España que en otras regiones.
Este perfil epidemiológico se traduce en un uso de recursos farmacéuticos “dispar”. La población autóctona registra un consumo de medicamentos (Dosis Diaria Definida) de 1.503,2, una cifra que supera en un 62,7% a la de la población procedente de África y en casi un 50% a la de Latinoamérica.
A pesar de la ventaja inicial del “migrante sano”, el Ministerio de Sanidad advierte de que este nivel de salud tiende a empeorar con los años de estancia en España. El informe atribuye este deterioro a la desigualdad en el acceso a recursos básicos como una vivienda digna o una alimentación saludable, así como a condiciones laborales más precarias y a la exposición continuada a los factores de riesgo de la sociedad de destino.
Asimismo, el documento identifica que las barreras legales, administrativas y lingüísticas dificultan el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico precoz, lo que puede derivar en un agravamiento de las patologías si no se garantiza una atención sanitaria universal efectiva
“Desde hace más de dos décadas, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud se basa en un modelo de financiación a través de impuestos y de los Presupuestos Generales del Estado”. En este marco, el informe, apoyado en el análisis de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, subraya que la población migrante “contribuye a su sostenimiento económico en condiciones equiparables al resto de la población, con una aportación que supera los costes derivados de su atención sanitaria”.
“Esta conclusión se alinea con la evidencia internacional, como la recogida por la comisión de expertos de The Lancet, que señala que garantizar el acceso universal y equitativo no solo responde a criterios éticos y legales, sino que constituye también una decisión económicamente eficiente para los países de destino”, apunta la cartera de Mónica Grcía.
El estudio concluye que proporcionar una atención sanitaria estándar resulta “más coste-efectivo” que limitar el acceso a los servicios de urgencias. “La atención de patologías en fases avanzadas o a través de dispositivos hospitalarios de emergencia”, destaca,” no solo tiene un mayor impacto en la salud de las personas, sino que implica un coste significativamente superior para el sistema”.
“Por el contrario”, concluye, “el acceso a la atención primaria y a los servicios preventivos favorece el diagnóstico precoz, optimiza el uso de los recursos públicos y contribuye a la sostenibilidad a largo plazo del modelo sanitario”.
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