La ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. (Foto: Sanidad)
“La norma acaba con la incertidumbre en los procesos de selección y refuerza la estabilidad en el empleo sanitario”, señala el departamento de Mónica García en una nota en que explica que, para ello, “limita la duración de los nombramientos temporales en plazas vacantes y establece la obligación de convocar procesos selectivos con una periodicidad máxima de dos años.”.
Además, el texto regula la jornada “con el fin de evitar la carga horaria excesiva”. De esta manera, la jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, “por debajo del límite de 48 horas establecido por la normativa europea”.
Respecto a las guardias, el nuevo estatuto marco establece que el límite máximo de la guardia es de 17 horas de trabajo efectivo. “Las libranzas y descansos obligatorios derivados de esta actividad no generarán en ningún caso deuda horaria, impidiendo que estos periodos puedan ser requeridos posteriormente como jornada ordinaria”, asegura el Ministerio de Sanidad.
Asimismo, en lo relativo al descanso diario, fija un descanso mínimo de 12 horas ininterrumpidas entre jornadas, y sobre el semanal, el personal tendrá derecho a un descanso mínimo de 24 horas ininterrumpidas semanales.
La ley también estructura al personal en grupos de clasificación profesional atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso, conforme al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU).
De esta manera, el personal sanitario se divide en los grupos 8, 7, 6, 5 y 4 según la titulación (Doctorado, Grado con especialidad, Grado, Técnico Superior o Técnico).
Por su parte, el personal de gestión y servicios se clasifica en grupos del 8 al 2, abarcando desde titulaciones de Nivel 8 del MECU hasta categorías que no requieren titulaciones previstas en el sistema educativo.
“La norma crea la categoría de personal estatutario investigador, destinada específicamente al desarrollo de actividades de investigación sanitaria”, explica el ministerio, y para acceder a ella será necesario contar con el título de doctor. Estos profesionales dedicarán al menos el 50% de su jornada ordinaria a la investigación y podrán compatibilizar esta actividad con funciones asistenciales, docentes, de gestión clínica, prevención y promoción de la salud.
El nuevo estatuto amplía y actualiza el catálogo de derechos para “fidelizar el talento”. En lo que atañe a la conciliación, “se introducen medidas de flexibilización horaria para cuidadores de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, así como la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes”.
Además, reconoce el derecho a la desconexión fuera del tiempo de trabajo para garantizar el descanso y la intimidad familiar y define el concepto de “carga horaria excesiva” como “indicador de intervención organizativa y se refuerza la protección frente a agresiones y discriminación por estado de salud, orientación sexual o predisposición genética”.
La norma establece un periodo de cinco años para que los servicios de salud realicen las adaptaciones organizativas necesarias en materia de jornada. Además, se prevé la creación de un Registro Estatal de Personal Estatutario para la planificación coordinada de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.
El anteproyecto inicia ahora el trámite de audiencia e información pública, que permitirá recabar aportaciones de organizaciones y personas interesadas antes de su futura remisión a las Cortes Generales para su debate parlamentario.
“La aprobación de este anteproyecto fija los derechos, garantías y límites básicos comunes para todo el Sistema Nacional de Salud” y, recuerda Sanidad, “corresponderá ahora a las comunidades autónomas, competentes en materia de personal y organización sanitaria, desarrollar e implementar estas medidas a través de sus políticas de recursos humanos, planificación de plantillas y negociación colectiva”.
La decisión del Gobierno de coalición de dar luz verde al nuevo estatuto marco ha sido duramente criticada por los sindicatos médicos, que tachan de “infame” una reforma “a espaldas” de los facultativos.
Así lo ha expuesto Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, quien ha denunciado que se mantiene así “una jornada discriminatoria solo para los médicos”. “Es una mala noticia y es un tiro en el pie para el Gobierno y sus socios”, ha asegurado, antes de defender que “las movilizaciones son más necesarias que nunca” y “de espalda a los médicos no se pueden hacer cosas”.
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