La nueva Fiscalía Antifraude europea se prepara para mirar con lupa los planes de recuperación

Banderas de la Union Europea

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La primera fiscal antifraude de la Unión Europea reconoce que su organización se enfrentará a “muchos problemas” cuando se prepare para vigilar la corrupción en torno al reparto del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros.

Según recoge Financial Times, Laura Codruta Kovesi apunta que su nueva Fiscalía Europea (EPPO por sus siglas en inglés) se está preparando para luchar contra los desafíos legales y la presiones una vez que este fondo se ponga en marcha el 1 de junio.

La EPPO es una respuesta a las críticas de que el bloque comunitario ha tratado de forma ineficaz los repetidos escándalos de fraude relacionados con su financiación. El riesgo se ha visto magnificado por el gasto planificado sin precedentes para la crisis del coronavirus y la presión para gastarlo rápidamente con el fin de reactivar las economías devastadas por el Covid-19.

“Estoy segura de que cuando empecemos [a trabajar] tendremos muchos problemas”, reconoce Kovesi, antigua jefa anticorrupción de Rumania, en una entrevista al diario británico. “[Pero] no hay nada que no se pueda gestionar o que no se pueda solucionar. El único riesgo que veo es la falta de recursos. Pero quizá lo resolvamos durante el próximo año o años”.

“La EPPO no se creó para ocuparse de casos insignificantes”, destaca Kovesi. “No hay ningún país limpio. Vamos a echar un vistazo a todos los Estados miembros: ese es nuestro trabajo”.

El organismo se creó, en parte, porque el actual sistema de persecución de los fraudes a los fondos de la UE se consideraba inadecuado y no lograba disuadir de las infracciones graves en algunos Estados miembros. En febrero, el organismo antifraude de la UE, OLAF, concluyó que el Ministerio del Interior búlgaro había incumplido las condiciones de una subvención de la UE de 6 millones de euros para la compra de 350 vehículos policiales todoterreno.

Pero, sobre todo, la OLAF solo tiene poder para recomendar a los Estados miembros que inicien procesos judiciales, un consejo que los gobiernos podían ignorar. Por el contrario, los fiscales de la EPPO podrán llevar a cabo investigaciones y presentar casos ante los tribunales nacionales.

Kovesi apunta que la financiación anual de la EPPO, con sede en Luxemburgo, de 44,9 millones de euros, “no es un presupuesto enorme para una fiscalía”, en comparación con algunos Estados miembros, incluido su país de origen.

“Necesitamos tener más investigadores y analistas financieros aquí en Luxemburgo”, añade. “No es fácil hacer investigaciones en 22 Estados miembros diferentes con 22 procedimientos distintos, y los delincuentes tienen libertad para moverse todo el tiempo, tienen libertad para mover sus bienes”.

Otro obstáculo para su éxito es que cinco países -Dinamarca, Hungría, Irlanda, Polonia y Suecia- han optado por quedarse fuera de esta fiscalía. Esto significa que los asuntos relacionados con ellos solo pueden investigarse si existe un elemento transfronterizo con un país que se haya adherido.