Manifestación de la PAH en el Congreso
La Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid ya había conseguido a mediodía de ayer 24.711 firmas, casi la mitad de las que son necesarias para que la ILP –que persigue prohibir, por ley, los desahucios de vivienda sin alternativa habitacional y los cortes de suministros básicos- pueda ser debatida en la Asamblea.
Este importante avance se ha conseguido después de “un intenso fin de semana» y «gracias al centenar de voluntarios que participaron en la primera gran recogida de firmas” a favor de esta iniciativa ciudadana con la que se pretende instar al Parlamento regional a aprobar una “ley urgente” que garantice el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna y además frenar los desahucios, habida cuenta de que, entre 2008 y 2015, se han contabilizado más de 79.000 desahucios en la Comunidad de Madrid, tal y como informan desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM).
La entidad vecinal es uno de los impulsores de ILP junto con la Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid – que agrupa a las comisiones de vivienda de las Asambleas 15M y a las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH)-
El hecho de que en sólo 23 días se haya conseguido la mitad de las firmas necesarias aumenta el convencimiento de los promotores de que cumplirán su reto, un objetivo que dicen dará una esperanza a las “miles de familias que han sido víctimas de los abusos de los bancos, y que hoy viven entre la inquietud y el miedo porque el futuro de su casa es el desahucio”.
Con esta ILP lo que se pretende es velar para que se cumpla en la Comunidad de Madrid el artículo 47 de la Constitución que garantiza el derecho a una vivienda, según explican sus impulsores en su web.
Se quiere que la ley”bonifique el alquiler asequible, con cláusulas sociales” que se sancione “a grandes tenedores (principalmente entidades financieras y empresarios inmobiliarios) con multas e incluso la cesión forzosa por el uso antisocial que den a la vivienda vacía, o que no mantengan adecuadamente.” Y también la “obligación de bancos e inmobiliarias de ofertar alquiler social en caso de desahucio a personas vulnerables”.
Además, entre otras cuestiones para proponer a los más débiles, proponen crear una agencia de protección al consumidor en materia de vivienda, con participación de la sociedad civil, que registre, persiga y sancione prácticas abusivas. Así como paralizar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional.
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