“Los términos genéricos y mínimos en que está redactada la comisión rogatoria son absolutamente insuficientes para aceptar la cooperación de las autoridades judiciales españolas en la imputación de hechos tan graves como los delitos que se enumeran, sin aportar un solo elemento indiciario o hecho concreto”, ha concluido la fiscal delegada de cooperación internacional de la Fiscalía de Madrid en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.
Según ha precisado, la “única imputación” que se describe en dicha comisión rogatoria se refiere a agentes de la Policía española “sin identificar” y respecto a Rajoy o el exministro Cristóbal Montoro no se concreta ni se menciona su supuesta participación.
Para el Ministerio Público, esto es “revelador” de la “carencia de elementos probatorios suficientes para colaborar judicialmente en la imputación de ciudadanos españoles a partir de querellas presentadas por asociaciones que, si bien son andorranas, es público y notorio que guardan una estrecha relación con asociaciones catalanas”.
Cabe recordar que la Justicia del Principado investiga a Rajoy, a Montoro y a los exministros Jorge Fernández Díaz por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer “mediante vías ilegales” información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conocer “mediante vías ilegales” una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana” de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.
“Finalidad política”
Para la Fiscalía, algunos datos recogidos en la comisión rogatoria son “reveladores de la finalidad política que late” en este procedimiento penal que se sigue en Andorra. Sobre este extremo, hace referencia a las investigaciones que se llevaron a cabo en España contra Mas y Pujol y ha defendido que todas estas investigaciones se hicieron con todas las garantías procesales.
En su escrito, firmado en enero de 2023 y notificado hace unas semanas, el Ministerio Público ha defendido que “según se infiere de la escasa descripción de hechos de la comisión rogatoria los hechos imputados no serían constitutivos de delito en España” al “faltar elementos esenciales”.
Sobre este extremo, ha incidido en que en el caso de los delitos de extorsión y coacciones sobre órganos constitucionales “no se indica, ni siquiera superficialmente, cómo y de qué manera y/o desde dónde se ejerció la violencia o intimidación y en qué se influyó en cualquiera de las instituciones andorranas”. En este sentido, la Fiscalía ha señalado que el delito que se describe en la comisión rogatoria “guarda muchas similitudes con el delito de rebelión del Código Penal español, cuyos elementos huelga aquí analizar, pero que recientemente han sido interpretados por nuestro Tribunal Supremo”.
“Desde luego, no se describe ningún hecho constitutivo de este delito y menos aún que haya podido cometer desde España ninguno de los querellados mencionado”, ha agregado la fiscal.
Respecto a los delitos de coacciones, amenazas condicionales y chantajes, el Ministerio Público ha recalcado que “no se indica sobre quién en concreto se cometió el delito, por quién, desde dónde, cómo, cuál fue la amenaza proferida o el negocio o acto realizado en perjuicio del patrimonio propio o de terceros”. Así las cosas, no ha visto pertinente atribuir estos delitos a Rajoy o Montoro.
“Lo mismo se puede decir del delito de falsedad documental, del que no se indica qué documento se ha falsificado y por quién, faltando todos los elementos del delitos que se imputa además a funcionario público”, ha añadido.
Con todo, la Fiscalía ha considerado que en este caso la jurisdicción andorrana no tiene competencia para conocer de los delitos que se mencionan en la comisión rogatoria o para investigar a ciudadanos españoles con residencia permanente en España “por cuanto no se describe ninguna actuación que haya tenido lugar en el territorio de Andorra”. Y ha afeado el hecho de que la autoridad andorrana no haya justificado su propia competencia para este procedimiento.
