En un escrito de este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se adhiere parcialmente al recurso de reforma presentado por Béjar después de que el juez instructor de ‘Tándem’ rechazase incorporar los mensajes propuestos por el exdirectivo, que también reclamó una copia digitalizada de los mismos.
Todo ello en el marco de la pieza 9 del conocido como ‘caso Villarejo’, en la que se investigan los diversos trabajos realizados por el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo para el BBVA.
Para los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro el hecho de que «cualquier investigado solicite el acceso a sus correos profesionales es absolutamente pertinente, necesario y útil como estrategia de defensa».
«CERCENAR» LOS CORREOS «IMPLICA AFECTACIÓN» A LA DEFENSA
«Cercenar o limitar tal posibilidad por un ‘olvido’ a la hora de proponer los nombres a los que se ha dirigido el coreo o del que se ha recibido basándose en la proporcionalidad implica afectación directa a tal derecho de defensa», sostiene la Fiscalía.
Esos correos, además de con Cano y Castro, también tendrían relación con el actual presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, en tanto que éste –en su etapa en BBVA– habría sido «conocedor de las razones de por qué se pidió la investigación patrimonial y porqué se contrató a Kroll».
«Tal investigación hace referencia a una de las razones de investigación de Antonio Béjar, y en tal sentido la línea de defensa parece pasar por el hecho de que el mismo se encontraba única y exclusivamente cumpliendo con las órdenes que le dieron sus superiores, así las cosas –ante posible atenuantes o eximentes de sus acciones– parece más que razonable que pueda tener acceso a los correos que mantuvo con sus superiores y que traten sobre al asunto en cuestión», sostienen los fiscales.
Entre los correos electrónicos requeridos también se encuentran algunos intercambiados con el jefe de gabinete de Goirigolzarri, Asís Alonso, con el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, y con otros cargos relacionados con la contabilidad.
LA DECLARACIÓN DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO
Además, también tendrían acceso a los mensajes intercambiados con el jefe de auditoria interna de BBVA, Joaquín Gortari, con el que fuera jefe de seguridad de la entidad Julio Corrochano o con la directora del departamento jurídico María Jesús Arriba de Paz.
En relación con esta última, los fiscales solicitan su declaración como investigada. «Resulta igualmente procedente pues, si bien aún no ha sido citada como investigada, del análisis preliminar que se está haciendo de la ingente documentación se desprenden indicios que apuntan hacía la necesaria declaración de la misma en tal condición», aluden.
Y ello es así porque «tal análisis se basa en el estudio de los correos electrónicos que, en bruto, se remitieron y que evidencia que los servicios jurídicos de la entidad tuvieron conocimiento de más contrataciones que las que se han reconocido».
En su argumentación para solicitar el acceso a los correos, Anticorrupción sostiene que los «derechos e intereses de terceros afectados, en la única y exclusiva parte que puedan afectar a su intimidad constitucionalmente protegida y ajena a los presentes hechos», quedan salvaguardados «por la forma de acceder a los correos que ha establecido el propio juzgado».
PIDEN RECONSIDERAR LA FORMA DE ACCEDER A LOS CORREOS
En concreto, el magistrado concedió a Béjar el acceso a los correos pero únicamente en sede judicial, algo que ya fue recurrido por el exdirectivo, que se quejaba ante las dificultades para poder consultarlos con detenimiento. En este sentido, la Fiscalía también considera que la forma de acceder a ellos debería «ser reconsiderada».
Fue el pasado mes de septiembre cuando el juez autorizó a Béjar el acceso a sus correos corporativos, unos meses después de que la Sala corrigiese al magistrado, que inicialmente rechazó conceder esta petición.
Béjar, imputado en esta causa, alegaba que la denegación del acceso a esos documentos –en un principio quería poder tener acceso a todos sus correos en BBVA y DCN, y a agendas de sus secretarias– infringía los artículos 118 y 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 24.2 de la Constitución. Y destacaba que había resultado incriminado a raíz de una información que aportó el banco a la causa cuando la instrucción estaba secreta y antes de que la propia entidad bancaria fuera imputada.
