En su decreto de archivo, la Fiscal recuerda a los Ministerios implicados su obligación de poner en marcha las medidas necesarias para “garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en las oficinas diplomáticas o consulares españolas en los países de origen o de tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla”. Todo, afirma, “a fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido”.
Asimismo, incide en su escrito que la mayoría de las personas migrantes proceden de países en conflicto y, por tanto, son merecedoras de protección internacional. “Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto”, asegura.
La Fiscal Coordinadora de Extranjería, que incoó las diligencias de investigación el 28 de junio, ha practicado durante estos seis meses varias diligencias como la inspección ocular, la toma de declaración tanto a personas migrantes como a agentes, y el análisis de diversos informes, material videográfico y audios correspondientes a los hechos del 24 de junio.
“Los únicos datos oficiales sobre las muertes y sus causas son los facilitados por las autoridades marroquíes en el informe emitido a requerimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos”, detalla. Por tanto, señala, son las autoridades marroquíes las que disponen de todos los elementos probatorios.
En la investigación realizada por la Fiscalía, se constata que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, “fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles”.
En cuanto a los rechazos en frontera, se llevaron a cabo 470 aunque, según la Fiscalía, los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo las devoluciones lo hicieron “en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española”.
Además, da traslado al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria.
