En un comunicado, Cornellà ha criticado que, «mientras las grandes empresas eléctricas nutren sus consejos de administración con antiguos cargos políticos, obtienen beneficios millonarios a costa de especular con derechos esenciales».
Ha tachado de insuficientes y temporales las medidas planteadas por el Gobierno central, y ha sostenido que «la electricidad no puede ser objeto de especulación, no puede ser que el 90% del sistema eléctrico esté controlado por oligopolios energéticos y se enriquezcan con el empobrecimiento de la mayoría de la población».
