Francisco Lobo tiene el honor de ser el primer cesado por corrupción de un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid. La trama Púnica ha golpeado de lleno tanto a la Consejería de Sanidad, de donde era secretario general técnico este imputado y despedido, como a la sanidad madrileña por la gestión de Esperanza Aguirre.
El juez de la Audiencia Nacional que está llevando el caso, Manuel García Castellón, ha señalado de lleno a la expresidenta madrileña y ha desvelado un ‘modus operandi’ para financiar al PP a través de la sanidad pública. Se trata de la “cláusula del 1%.
Un método por el que se obligaba, según relata el auto de imputación, a las empresas que construyeron los nuevos hospitales –más conocidos como ‘hospitales de Aguirre’- a pagar un 1% del importe de la licitación en publicidad. Pago que, en realidad, iba a para a las arcas del PP para financiarse de manera irregular.
Aguirre desvió presuntamente fondos de la construcción de hospitales para financiar al PP
Manuel Lamela y Juan José Güemes, dos históricos y polémicos consejeros de Sanidad, han sido otros dos de los imputados de la trama. De hecho, según el escrito judicial, el primero de ellos formaba parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económico, órgano que “aprobó la inclusión de dicha cláusula”.
Los cálculos de Castellón han cifrado en un total de 3,1 millones de euros el “importe del perjuicio causado a los fondos públicos” únicamente en dos años, entre 2006 y 2007, al sumar los ‘hospitales de Aguirre’ más las obras en 20 hospitales y centros de salud como el 12 de Octubre.
Sin embargo, las sospechas sobre estos ‘hospitales de Aguirre’ van más allá. Podemos llevó ante la Fiscalía Anticorrupción este modelo que impulsó Aguirre ante la Fiscalía Anticorrupción. Mónica García, hoy en el grupo parlamentario Más Madrid, fue la encargada de registrar la denuncia tras calcular sobrecostes de entre 1.200 y 1.300 millones de euros.
Denuncian sobrecostes de 1.300 millones en los hospitales «hipoteca» de Aguirre
En este sentido, señaló indicios de malversación y prevaricación al ver que el precio de construcción real de los hospitales era de 660 millones, pero que el coste final se fue a más de 1.950 millones de euros por el “modelo hipoteca del PP”, es decir, por el pago del canon (ampliado hasta 2025).
El paso dado por la formación fue a mediados del verano pasado y Anticorrupción recogió el guante poco después. A principios de este año, según adelantó la Cadena SER, abrió diligencias para ver si se eleva el caso a un juzgado. Se pidió a la Consejería de Sanidad todo tipo de información.
No fue la única que vez que cuestiones judiciales tocaban la puerta de la Consejería de Sanidad. En marzo de 2017 la UCO ya se personó en este departamento y precisamente para investigar lo que ha confirmado el juez Castellón en su auto: la cláusula del 1%.
El trabajo relacionado con la sanidad madrileña se acumula en Anticorrupción después del último movimiento de Audita Sanidad. La plataforma ciudadana registró una denuncia a principios de verano por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude “por fuertes evidencias de fraccionamiento en numerosos contratos menores firmados en el año 2016”.
Llega a la Fiscalía el abuso de contratos menores en los hospitales madrileños
“Denunciamos los más de 485.000 que se firmaron en 2016. Es una cifra disparatada”, explicaba Vicente Losada, portavoz de Audita Sanidad, a EL BOLETÍN. Un vicio de la sanidad madrileña que, tal y como sentenció recientemente la Cámara de Cuentas de Madrid, se da en el 99,7% de la contratación que sale.
Asimismo, el Hospital Gregorio Marañón se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción protagonizado por cuatro de sus médicos. Cuatro facultativos del centro serán juzgados por presunta malversación tras realizar 2.770 pruebas para la privada a costa de la pública entre 2012 y principios de 2015.
Por último, otra notificación de un juzgado llegó a la sanidad madrileña con el famoso ‘caso ambulancias’ aunque para ser archivado tras una larga polémica.
