La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid extendió hace varios meses cuatro actas de infracción contra Metro de Madrid tipificadas como sanciones “muy graves” o “graves” en materia de prevención de riesgos laborales por cuestiones relativas al amianto. Sin embargo, el gobierno regional de Ángel Garrido, a través de la Autoridad Laboral, mantiene para sí la información registrada en esas actas.
Según afirma el sindicato de CCOO en el Metro de Madrid a EL BOLETÍN, esa ”opacidad” podría ir en contra de la ley.
El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su apartado 1, establece que “La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”.
Así se lo ha hecho saber Comisiones Obreras a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid a través de un registro administrativo presentado en la Consejería de Presidencia.
“Solicitud de resolución y comunicación de diversas actas de infracción de normas de prevención de riesgos laborales contra la empresa Metro de Madrid SA.”, refleja la petición realizada por el sindicato, que acusa al gobierno regional y a la Autoridad Laboral (Consejería de Empleo) de no facilitar las actas de infracción.
La realidad es que lo poco que se sabe de ellas fue gracias a la comparecencia de la inspectora de Trabajo y Seguridad Social, Pilar Carranza, en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la presencia de amianto en Metro de Madrid.
Carranza relató que Inspección de Trabajo había levantado cuatro actas de infracción y más de 30 requerimientos contra el metro desde octubre de 2017 por incumplimientos de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales por la presencia de amianto en el suburbano.
En ese sentido, Trabajo impuso una multa a Metro de 190.000 euros por infracción “muy grave”. Una sanción recurrida por la empresa pública, y que en estos momentos se encuentra en la Fiscalía, porque considera que al metro no le correspondía tomar medidas durante los años previos.
En cualquier caso, el sindicato afirma que eso no es óbice para hacer público entre determinados estamentos la información registrada en las actas de infracción, ya que “la declaración relativa a enfermedad profesional por amianto, la resolución deberá notificarse al afectado, o sus derechohabientes de conformidad con el artículo 21.5 del texto legal”, asegura CCOO.
Los trabajadores insisten en que al tratarse de asuntos que afectan “de modo grave o muy grave a la vida y la salud de los trabajadores, la resolución debería ser comunicada a la empresa “Metro de Madrid SA”, en el menor plazo posible, con mención expresa de comunicación inmediata a la representación legal de los trabajadores”.
La empresa asegura al sindicato que, al estar judializado el asunto, no puede compartir dicha información.
