La Comisión entiende que, en determinadas circunstancias, ese tipo de sociedades cumplen funciones comerciales útiles, pero viene observando que grupos internacionales o empresas radicadas en la UE abusan de ellas con fines de planificación fiscal agresiva. Por ejemplo, se da el caso del desvío de beneficios hacia sociedades de este tipo radicadas en jurisdicciones que no tienen impuestos o son muy bajos. Eso se da principalmente en la República de Irlanda, Luxemburgo y Chipre. La misma operación la practican individualmente determinados ciudadanos para proteger activos y bienes raíces de impuestos.
Se da el caso que la pequeña isla de Jersey, inglesa pero muy cerca de la costa francesa, es el principal exportador de plátanos de mundo cuando no produce ninguno. Se trata de sociedades que aprovechan las ventajas fiscales de ese enclave que no está sujeto a las normas del Reino Unido.
Estas medidas están en consonancia con el acuerdo mundial para aplicar al menos un 15% de imposición a todas las sociedades con independencia de donde estén registradas o donde desarrollen su actividad.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, encargado de temas económicos, Valdis Dombrovskis cree que este tipo de empresas “continúan ofreciendo a los delincuentes una oportunidad fácil de abusar de las obligaciones fiscales. Hemos visto demasiados escándalos derivados del uso indebido de empresas fantasma a lo largo de los años”. Como ejemplo reciente los denominados papeles de Pandora que afectaron a multitud de empresas, profesionales y ciudadanos de la totalidad de Europa. Y subrayó que “los nuevos requisitos de supervisión y presentación de informes dificultarán que disfruten de ventajas fiscales injustas y facilitarán a las autoridades nacionales el seguimiento de cualquier abuso que surja de las empresas pantalla”.
Una vez adoptada por los Estados miembros, la propuesta debería entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2024. En 2022, la Comisión presentará otra propuesta de transparencia, exigiendo a determinadas grandes multinacionales que publiquen sus tipos impositivos efectivos, y la octava directiva sobre Cooperación Administrativa, que dota a las administraciones tributarias de la información necesaria para cubrir los criptoactivos. A lo largo del año próximo la Comisión presentará otra iniciativa similar a la anunciada hoy para responder a los desafíos vinculados a las entidades fantasma no pertenecientes a la UE.
