La CNMC responde a las críticas de la banca y recuerda que sus decisiones “son públicas por ley”

Cani Fernández, presidenta de la CNMC. Autor: APIE

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La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha salido hoy al paso de las críticas de la banca por la “pena de telediario” que supone la apertura del expediente a cuatro grandes bancos por los créditos con avales del ICO. Según ha apuntado, “hay indicios suficientes” y las decisiones del supervisor “son públicas por ley”.

Si el presidente de la AEB, José María Roldán, aprovechó su intervención en el XXXVIII Seminario Económico de la APIE para lanzar sus críticas a Competencia, este mismo encuentro ha dado pie a Fernández para responder. Según ha apuntado, “la CNMC no incoa un expediente sancionador si no tiene una base suficiente para investigar”, y este caso no ha sido diferente, sino que existían “indicios suficientes”.

Respecto a la pena de telediario que mencionó Roldán, ha recordado que “nuestras decisiones son públicas por ley” debido a una “obligación de transparencia”. En todo caso, ha recordado que en el comunicado de la CNMC contenía un “disclaimer” en el que se aclaraba que “no se prejuzga el resultado de la investigación”.

La presidenta de la CNMC no ha entrado a valorar si han sido muchos casos o no. “No es si son muchos o pocos casos, si no si existen”, ha recordado. Además, “el que denuncia se enfrenta al banco del que depende su financiación”, por lo que se puede colegir que las denunciantes “son una minoría”.

El supervisor investiga en concreto “actos de competencia desleal que afectan al interés general”, en relación a la posible vinculación de productos a la concesión de los créditos con avales del ICO. La CNMC confía en que en “un plazo máximo” de 18 meses se conozca la decisión final.

Apoyo de la CNMV

Fernández ha recibido también el respaldo del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, que la ha precedido en el Seminario. Buenaventura ha expresado el “máximo respeto” al ejercicio de competencias de cualquier otra entidad supervisora. “No tenemos ningún inconveniente en que las comunicaciones sean transparentes”, ha añadido, “no albergo especial preocupación”.