Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso, Fernández ha explicado que a su parecer el órgano jurisdiccional ordena la suspensión cautelar de las sanciones porque, en su análisis donde evalúa el interés general y el perjuicio que puede provocar a la empresa dicha sanción, «debe primar el segundo».
Y es que, la presidenta de la CNMC ha confirmado que en la actualidad las prohibiciones a empresas de firmar contratos con la Administración Pública por prácticas que infrinjan la ley «no se están aplicando», bien sea porque esta tiene que ser aplicada por la Junta Consultiva de Contratos del Sector Público, o bien porque todas las empresas solicitan la suspensión cautelar de la multa.
Es aquí donde Fernández ha apuntado que, si este último punto «es perfectamente legítimo» por parte de las empresas, también lo es que la Audiencia Nacional suspende «todas y cada una» de las multas de manera cautelar.
No obstante, también ha aclarado que la suspensión cautelar de las sanciones o las multas impuestas por el organismo de Competencia no implica que la resolución «acabe siendo anulatoria».
DETERMINARÁ EL ALCANCE Y DURACIÓN DE LA PROHIBICIÓN
Con este panorama, y a tenor de los criterios para imponer la prohibición de contratar con la Administración Pública, Fernández ha indicado que desde el organismo que lidera se incluirá ya en sus propias resoluciones la duración y el alcance de la prohibición, teniendo en cuenta el máximo de tres años establecido por ley.
Esto aportaría seguridad jurídica, según Fernández, sobre todo en el caso de licitaciones internacionales en las que puedan participar empresas españolas. La presidenta de la CNMC ha apostillado que esta medida supondría a su vez un efecto disuasorio «inmediato» en las licitaciones.
También ha apuntado que al ser la CNMC quien impone la sanción, se podrá hacer de una forma más precisa, ya que si es la Junta de Contratos Públicos quien impone la prohibición, esta afectará a todos los negocios de una empresa con relación a todos los entes de la Administración. Así, en el caso de un conglomerado con varias áreas de negocio, la CNMC podrá centrar la prohibición solo en las áreas y licitaciones que considere oportunas.
Tras haber sacado a consulta un primer documento de criterios, el organismo de Competencia quiere aprobar ahora una comunicación este mismo año y a poder ser «antes del verano».
