La Audiencia Nacional urge al juez instructor de ‘Púnica’ a concluir la pieza sobre la financiación del PP madrileño

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La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza las diligencias que solicitaba Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza 9 de ‘Púnica’ en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, y urge a concluir la instrucción «que se prolonga ya en el tiempo desde principios del año 2014».

«Este tribunal considera que tras una larguísima instrucción que se inició hace ya más de 7 años, las diligencias que se interesan no debe demorar por más tiempo la conclusión de la que llaman pieza separada número 9», dice la Sala en un auto de 17 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press.

Esto abre la posibilidad de que llegue un auto de fin de instrucción de esa pieza separada en plena precampaña de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid –programadas para el 4 de mayo–. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, es quien debe decidir si propone juzgar a todos o a varios de los imputados en esta causa, entre los que se encuentran las ex presidentas de la comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

No obstante, esa hipótesis se enfría teniendo en cuenta que García-Castellón ha citado para el próximo 25 de marzo en calidad de investigado al empresario Luis Gálvez, propietario de la constructora Ploder, quien según la confesión realizada por el ex tesorero del PP Luis Bárcenas entregó 60.000 euros en metálico para la campaña electoral de la ex presidenta de la formación y de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en 2007.

Con todo, de tratarse de una de las últimas declaraciones, el proceso podría acelerarse, máxime cuando el mandato de la Sala de lo Penal es taxativo tanto para el instructor –que tampoco veía la necesidad de nuevas diligencias– como para la Fiscalía Anticorrupción, que ve cercenadas sus intenciones indagatorias en esta pieza.

LAS DILIGENCIAS PARA LA VISTA ORAL

La decisión del tribunal se produce después de que Anticorrupción recurriera en apelación a esa Sala cuando en octubre de 2020 el instructor desestimó las nuevas diligencias interesadas y que consistían en solicitar tanto al Ministerio del Interior como a la Comunidad de Madrid varios contratos relacionados con el escrutinio provisional de resultados y su difusión en las elecciones locales y autonómicas madrileñas de 2007, 2011 y 2015.

Anticorrupción fundamentaba la petición en que la investigación había evidenciado que el expresidente madrileño Ignacio González y el que fuera consejero delegado de la Agencia para la Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás se habrían servido de la mercantil Indra para desviar fondos públicos del presupuesto de ICM. Además, aseguran que por declaraciones de investigados se había constatado que Indra habría podido ser beneficiada en adjudicaciones de contratos para realizar esos escrutinios.

La Sala recuerda que el instructor no comparte con Fiscalía esos indicios y llama a no demorar más en el tiempo la investigación. Además apunta que procede que las diligencias solicitadas se practiquen en el marco del juicio oral.

LAS IMPUTACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2019

La investigación se inició en 2014 tras el hallazgo de una agenda del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la trama Púnica, en la que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero. Se ha investigado pues si estas letras pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregados al juzgado a lo largo de la instrucción sitúan a Aguirre en reuniones clave en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, en las que Aguirre presidía a los ‘populares’ madrileños.

Ya en un informe firmado en marzo de 2017, Anticorrupción incluía a Aguirre en la lista de personas que habrían integrado la «red de decisión y ejecución cohesionada» que puso en marcha «diversos canales de financiación irregular» con el objetivo de «sufragar los excesos» de las campañas electorales del PP en 2007 (municipal y autonómica), 2008 (nacional) y 2011 (municipal y autonómica). Todo ello tras analizar la contabilidad B hallada en los ‘pen drives’ incautados en el domicilio del exgerente del partido Beltrán Gutiérrez.

Por eso, en septiembre de 2019 el juez García-Castellón decidió imputar a las ex presidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional. Los informes de la Guardia Civil aportaban indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas como Indra o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam.

Por su parte, el expresidente Ignacio González ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del partido, en el marco del ‘caso Lezo’, y tras la unión de las piezas de ambas causas sobre la contabilidad ‘b’, el juez decidió citarle también en ‘Púnica’ como investigado. A estos nombres se suma el de el exconsejero madrileño y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.

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