La Audiencia Nacional admite que los actos de Camps han prescrito

La Audiencia Nacional no quiere hacer “ni un mero juicio de valor” acerca de la conducta del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, cuya cúpula política ha sido condenada por la sentencia de la Gürtel en la región. Camps solo compareció como testigo en las piezas valencianas de la trama, y no pesa acusación contra él.

Pero el escrito del juez José María Vázquez Honrubia está trufado de referencias al expresidente, al que varios acusados sitúan, dice la Audiencia Nacional, como “artífice del mecanismo defraudatorio” con el que operaba la trama.

“No puede omitir este juzgado que varios de los acusados han apuntado la existencia de otras responsabilidades, en concreto Francisco Camps y Víctor Campos, pero es jurídicamente imposible emitir pronunciamiento alguno al respecto, formalmente, porque en este juicio comparecen como testigos”.

Pero en cualquier caso, la AN expresa que tampoco habría servido definir la implicación de Camps: “Por otra parte, los hechos se remontan a 2007/2008, por lo que dada la naturaleza del delito aquí enjuiciado de carácter menos grave, sus actos, por supuesto en principio y sin prejuzgar, habrían prescrito”.

Recuerda que han pasado más de cinco años desde los hechos que se sentencian sin que se haya formulado ninguna acusación formal contra Camps.

«En cuanto Francisco Camps, su radical negativa admitir cualquier conocimiento de la trama ha sido absoluta, como que tuviera el más mínimo conocimiento del aviso que Costa, ha relatado, de la central del partido en Madrid sobre prácticas de financiación irregulares», escribe el juez.

En su declaración, Camps remitió todo asunto sobre cuentas a su ex mano derecha, Ricardo Costa, explica que el encargo de actos y campaña del PP a Álvaro Pérez le fue trasmitida por el entonces presidente del partido en Valencia, Eduardo Zaplana, afirma que no conocía la empresa Special Events y separa los actos del partido con las campañas de comunicación, según se lee en la sentencia.

Según el magistrado, las declaraciones de los acusados, junto con los informes y documentos que obran en la causa, permiten establecer “que el PP de la Comunidad Valenciana (PPVC) financió sus campañas electorales de los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva”.

También dice que no hay pruebas del enriquecimiento personal de los cabecillas políticos, pero sí del ansia de poder: mientras en el llamado “Grupo Correa” ve “evidente ánimo de lucro”, la cúpula de Camps “por pura ambición política de alcanzar y permanecer en el poder, pues cierto es que en este grupo ni se acredita indiciariamente ni se contempla ni se acusa de ninguna clase de enriquecimiento personal”.

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