Ello, merced al informe forense elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla sobre dicha enfermedad grave sobrevenida esgrimida por el expresidente andaluz en demanda de la suspensión como tal de su ingreso en prisión.
Dicho informe reconoce que “se trata de una enfermedad muy grave” ante la cual, “dado el pronóstico emitido existen posibilidades de curación”, si bien como todavía no ha avanzado el tratamiento prescrito a Griñán en forma de medicación y radioterapia, el Instituto de Medicina Legal precisa que no es posible determinar aún “cuál será su evolución” sanitaria, en un marco en el que actualmente el tratamiento del cáncer es “eficaz en un alto porcentaje de casos salvo los muy agresivos” o en fase terminal.
El Instituto de Medicina Legal de Sevilla razona, en ese sentido, que la entrada en prisión “no ayuda a afrontar una enfermedad de esta entidad, que necesita todos los recursos disponibles que tiene la persona a su alcance”, como “un apoyo familiar y social necesario e incluso imprescindible en estos casos”.
El informe destacaría además que aunque los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias son capaces de afrontar “cualquier demanda médica”, pesa la consideración de que “los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia, así como las frecuentes revisiones, parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria”.
A tal efecto, el informe concluye “la no conveniencia de su ingreso en un centro penitenciario hasta que se confirme la remisión de su patología oncológica”.
Ante dicho documento, la Fiscalía Anticorrupción apostaba por suspender su ingreso en prisión hasta contar con “un informe más preciso sobre la procedencia” o no del ingreso en prisión, solicitando además que una vez emitido un “nuevo informe por el IML, se recabe el informe de los servicios médicos penitenciarios del Centro de Sevilla” sobre la conveniencia o no de la entrada en prisión del expresidente.
El PP andaluz, que ejerce la acusación particular en esta causa, abogaba de su lado por “un aplazamiento del ingreso en prisión hasta que, en el momento pertinente, sea revisado de nuevo el penado por la médico forense, formulando nuevo informe, así como que se elabore el informe adicional de los servicios médicos penitenciarios”.
Tras ello, y en este nuevo auto, la Sección Primera de la Audiencia ha dictado un nuevo auto en el que señala que, a la vista del informe médico forense, “del que se desprende con claridad la no conveniencia del ingreso del penado en el centro penitenciario, procede el aplazamiento de la ejecución de la pena hasta tanto el penado finalice las sesiones de radioterapia”, accediendo así a la petición subsidiaria de la defensa de Griñán, que había solicitado la suspensión de la pena como tal al amparo del artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.
De manera subsidiaria, había pedido el aplazamiento del ingreso en prisión, en tanto que considera que el tratamiento prescrito para la enfermedad que padece no puede ser desarrollado convenientemente por los servicios médicos del centro penitenciario.
