Viada ha reconocido que como firmantes no están “satisfechos” con el pacto alcanzado con los Ministerio de Justicia y Hacienda. “Satisfechos no es la palabra, pero creemos que de estas condiciones era lo máximo que se podía conseguir”, ha señalado a los medios de comunicación al tiempo que ha recalcado que “los acuerdos regulares son los que ayudan a ir avanzando”.
La firma se ha producido sin la participación de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de los jueces. Ante esa ausencia, Viada ha insistido en que “si hubiera sido una actitud unánime, el acuerdo hubiera sido mejor”.
“Creo que tenemos que aprender algunas cosas y, entre esas cosas, que cuando vamos a reclamar algo tenemos que reclamarlo todos juntos. Creo que esa es la lección que tenemos que ir aprendiendo para futuras reclamaciones”, ha apuntado, recoge Europa Press.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha destacado en declaraciones a la prensa que el acuerdo no es el que hubieran deseado, “pero sí es cierto que es un avance y deja abiertas las opciones a seguir trabajando para seguir resolviendo cuestiones que afectan a la Administración de Justicia y a las carreras profesionales”.
Este martes, el acuerdo se ha suscrito sin la participación de la asociación mayoritaria de jueces ni la presencia de los representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hasta el último momento formaron parte de las negociaciones.
La firma ha tenido lugar después de que el pasado jueves aceptaran la oferta de 46,7 millones de euros para mejoras retributivas de la carrera judicial y fiscal. Aquel día, el portavoz de la APM, Juan José Carbonero, aseguró a la prensa que hasta el último momento había “tiempo de acercar posiciones”. Al día siguiente, sin embargo, la asociación emitió un comunicado para desmarcarse del acuerdo al considerar que es “insuficiente, indigno e inaceptable”.
Pese a la negativa de la asociación mayoritaria de jueces, el pacto firmado este martes afectará a toda la carrera fiscal y judicial, incluidos los propios asociados de la APM. Tras alcanzar el acuerdo, cuatro de las asociaciones firmantes que convocaron la huelga para el 22 de mayo la desconvocaron. La APM, sin embargo, la dejó en suspenso.
A la firma tampoco han acudido los tres vocales que habían participado hasta ahora en las negociaciones –José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez–. Algunas voces del CGPJ lo achacan a una convocatoria incorrecta por parte del departamento de Llop, si bien fuentes ministeriales aseguran que se les invitó debidamente, igual que a la Fiscalía General del Estado, que sí ha acudido al acto.
Desde el CGPJ también apuntan a que no ha dado tiempo a que el Pleno ratifique el acuerdo, a pesar de que cinco vocales pidieron que se convocara una reunión para el lunes. No obstante, otras voces subrayan que el CGPJ “no tiene que firmar nada” porque su rol es de mero facilitador entre las asociaciones y el Ministerio, por lo que restan importancia a su ausencia.
El acuerdo firmado incluye una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría un aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.
Los incrementos se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.
Una vez superado el conflicto del Ministerio con jueces y fiscales permanece latente el de los funcionarios, que mantienen una huelga indefinida de paros parciales desde el pasado 17 de abril y que esta semana han elevado el tono con una huelga de paros totales de 24 horas.
