El representante de la asociación judicial considera que «defender la Constitución supone garantizar que su máximo garante, el Tribunal Constitucional, pueda trabajar de forma plena, con todos sus componentes».
En un comunicado rechaza «el boicot a que se somete la designación de dos magistraturas, que supone un claro desacato a la ley que obligaba a su nombramiento hace más de tres meses», y reclama que esos vocales «eviten el nuevo bochorno de que haya que reformar otra vez una norma para que la cumplan».
Según JJpD la reforma que se propone «es consecuencia directa de la actitud obstructiva de los vocales del CGPJ», que excusan, vetan y dilatan un proceso muy sencillo, que «no entorpecen deliberadamente en claro seguidismo a las directrices del Partido Popular», al que reprocha «haber secuestrado instituciones constitucionales fundamentales por interés partidista».
En cuanto a la posibilidad de reclamar responsabilidades a los vocales del CGPJ, el representante del secretariado de JJpD indicó que «todos deben cumplir la ley, incluso los vocales del CGPJ, que no gozan de inmunidad como los parlamentarios y deben responder del incumplimiento de sus deberes».
El portavoz de JJpD añadió que «todo el relato de que se asaltan las instituciones es un eslogan que no se sostiene jurídicamente». Según el magistrado «el artículo 159 de la Constitución dispone claramente que el gobierno debe designar dos magistrados al Tribunal Constitucional», por lo que, a su juicio, «pretender que se actúa irregularmente es una afirmación falaz, que esconde la voluntad de controlar perpetuamente instituciones que el ordenamiento jurídico ordena renovar periódicamente».
Para el representante de esta asociación judicial «defender la Constitución, ahora mismo, obliga a adoptar medidas que aseguren que las instituciones no seguirán secuestradas por el Partido Popular y quienes se pliegan a sus intereses en el CGPJ». Para Rodríguez Achútegui, «después de cuatro años de excusas para renovar el CGPJ, se ha llevado a la misma dinámica para evitar la renovación de un órgano fundamental para garantizar los derechos fundamentales», por lo que considera que «la renovación del Tribunal Constitucional constituye una prioridad para los demócratas, frente a quienes han sucumbido a las presiones partidistas para que no tenga lugar».
PLÁCET Y DESIGNACIÓN PARCIAL
Sobre la necesidad de que los nuevos componentes del Tribunal Constitucional reciban el plácet de los magistrados que ya forman parte del mismo, el representante de JJpD asegura que «es un requisito inocuo, que puede suprimirse porque quienes han cesado en su mandato ni pueden ni deben impedir la incorporación de quienes lo comienzan».
En cualquier caso, Rodríguez Achútegui considera que «es inconcebible que juristas prestigiosos puedan prestarse a maquinaciones para impedir la renovación del Tribunal Constitucional», por lo que considera que la reforma en tal sentido «simplemente modificaría una exigencia formal y superada».
Sobre la posibilidad de que finalmente la renovación se haga de modo parcial, y que sólo el gobierno designe sus dos plazas y no lo haga el CGPJ, la asociación judicial progresista sostiene que «es una situación extraordinaria, que obligaría a aceptar esa renovación parcial porque el constituyente nunca pudo suponer que desde un órgano constitucional como el CGPJ se mantuviera una posición claramente inconstitucional, rechazando designar a dos juristas de reconocida competencia para completar el Tribunal Constitucional».
