La reforma, impulsada por Junts y respaldada por PSOE, PP, Vox, PNV y UPN, eleva las penas de prisión hasta 3 años en supuestos de reiteración delictiva, incluso cuando las conductas individuales no superan los 400 euros.
El texto aprobado introduce cambios relevantes en el tratamiento penal de la multirreincidencia, ampliando el margen de actuación judicial en delitos considerados de baja intensidad. La asociación judicial progresista sostiene que el aumento punitivo no resuelve las causas estructurales del problema.
La reforma eleva hasta 3 años las penas de prisión por multirreincidencia en hurtos y estafas inferiores a 400 euros
Críticas por vulneración del principio de proporcionalidad
JJpD advierte de que elevar hasta 3 años de prisión las penas por conductas que individualmente se consideran de escasa gravedad supone, a su juicio, una vulneración del principio de proporcionalidad y una quiebra de la coherencia interna del sistema penal.
La asociación recuerda que tras la reforma de 2022, que endureció las penas para multirreincidentes cuando la cuantía superaba los 400 euros y existían al menos tres condenas previas, los hurtos han aumentado más de un 20%, lo que, en su opinión, demuestra que el endurecimiento punitivo no tiene un efecto disuasorio real.
JJpD sostiene que desde la reforma de 2022 los hurtos han aumentado más de un 20%, pese al endurecimiento penal
Además, alerta de que la nueva modificación puede saturar los juzgados con procedimientos más largos y complejos por conductas menores, dificultando la agilidad necesaria para enjuiciar delitos de mayor gravedad.
Más recursos frente a más penas
La asociación judicial defiende que la solución a la multirreincidencia pasa por reforzar los recursos materiales y humanos destinados a la detección, verificación y enjuiciamiento de estos supuestos, en lugar de incrementar las penas de prisión.
En este contexto, subraya que España presenta uno de los índices de reclusión penitenciaria más altos de la Unión Europea, pese a contar con uno de los índices de delincuencia más bajos del entorno comunitario.
La asociación propone reforzar medios materiales y humanos en lugar de aumentar las penas de prisión
Advertencia sobre impacto social
JJpD advierte de que este tipo de reformas punitivas suelen afectar con mayor intensidad a los sectores más vulnerables de la sociedad, al desplazar el foco desde las políticas sociales y de prevención hacia el control policial y punitivo.
La asociación sostiene que esta orientación puede derivar en una “criminalización de la pobreza” y reclama a los poderes públicos que apuesten por una Justicia “reparadora y eficaz”, dotando al sistema de medios suficientes sin renunciar a los valores garantistas recogidos en la Constitución.
