El partido considera que se ha vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva y a obtener «una resolución judicial motivada, razonada y razonable», así como el derecho a que se siga una investigación «eficaz y efectiva», según ha precisado en un escrito de 100 folios interpuesto el 25 de junio adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso Europa Press.
El Supremo resolvió el pasado febrero el archivo de la querella de IU –y la de Òmnium– al entender que estaba basada solamente en el «relato periodístico» y que para abrir una causa penal «se precisa algo más».
Al momento del archivo, los magistrados indicaron que, «con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal». «Los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito», señalaron entonces.
El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, llevaba más de un año al frente del equipo que investiga las tres diligencias sobre Don Juan Carlos por posibles comisiones procedentes del AVE a La Meca, por el supuesto uso de tarjetas ‘black’ por parte del Rey emérito y de otros miembros de su familia, y por presuntos delitos fiscales.
PIDE LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS
Izquierda Unida ha reclamado al tribunal de garantías que declare no ajustados a la Constitución los autos de 15 de febrero y 5 de mayo emitidos por el Supremo y, en consecuencia, «declare su nulidad».
Asimismo, ha pedido al Constitucional que «ordene la retroacción de todas las actuaciones al momento procesal anterior a la violación del derecho fundamental citado, debiendo la sala Segunda del Tribunal Supremo acordar la práctica de todos los medios probatorios propuestos en los sucesivos escritos interpuestos» por Izquierda Unida y «cuantos otros resulten procedentes».
