El Parlamento Europeo retrasa la votación al ver que tres comisiones (Transportes, Medio Ambiente y Asuntos Económicos) han pedido más tiempos para valorar el CETA. La actividad en el Parlamento Europeo sobre el CETA no ha dejado de parar durante toda la semana. Después de que la Eurocámara impidiese este miércoles que el Tribunal de Justicia de la UE evaluase el tratado de libre comercio, este viernes ha decidido retrasar hasta febrero el voto para aprobar o no el acuerdo que ha cerrado Europa con Canadá.
La votación en un principio estaba prevista para el pleno que se celebrará el próximo 12 y 15 de diciembre, no obstante, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, la decisión se trasladará lo más probable al pleno de febrero. La principal razón que argumentan desde las instituciones europeas es que tres comisiones europarlamentarias (la de Transportes, la de Medio Ambiente y la de Asuntos Económicos) han reclamado más tiempo para poder elaborar una opinión sobre el acuerdo comercial.
De esta manera, el Parlamento Europeo se toma un respiro después de unos meses intensos donde las protestas contra el CETA han ido creciendo día a día. A pesar de que la región belga de Valonia pusiese contra las cuerdas el tratado de libre comercio, febrero podría ser el fin de los trámites ya que este visto bueno del Parlamento Europeo es el último paso de las instituciones europeas para que el tratado comercial comience a aplicarse, aunque de forma provisional y parcial hasta que sea ratificado por todos los socios comunitarios.
Un retraso hasta febrero que podría haberse alargado dos años más si el miércoles la Eurocámara hubiera sacado adelante la propuesta de la izquierda europea de que la Justicia diese su opinión sobre la compatibilidad del CETA. No obstante, la votación, entre otros, de PP y PSOE impidió el aplazamiento. De hecho, los socialistas justificaron su voto en contra rechazando ese prórroga: “El único objetivo de quienes la han presentado [la iniciativa] es bloquear el acuerdo. La aprobación de esta resolución habría supuesto, además, la paralización de cualquier debate sobre el CETA. Para los dirigentes socialistas, posponer la decisión y congelar el acuerdo durante más de dos años es una herramienta legal para evitar una decisión política”,
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