Un 70% de su población apoya adoptar esta medida ya en 2016. Finlandia está un paso más cerca de convertirse en el primer país que ofrece a toda su población un ingreso mínimo garantizado. Es decir, lo que se conoce en sentido estricto como renta básica, ya que las modalidades que existen hasta la fecha en otros países o estados presentan particularidades que, en rigor, no permiten definirlas como tales.
Así, aunque Suiza también planteó adoptar esta misma medida hace un par de años, finalmente su población la rechazo en un referéndum. Una posibilidad que ya parece descartada en el caso país nórdico, después de que según según indica la publicación Common Dreams, diversas encuestas publicadas estas semanas, hayan reflejado un apoyo de hasta un 70% a la medida propuesta por el Gobierno del Partido Centrista (Suomen Keskusta) finlandés. Se ha aclarado así gran parte de la incertidumbre que existía sobre esta promesa de campaña del partido de gobierno, y muy en particular de su primer ministro.
De esta forma, aunque no se espera que se implemente hasta finales de 2016 o incluso principios de 2017, la medida ya está definida en sus ejes esenciales. Según los planes del Gobierno nórdico, una vez implementada plenamente, toda la población adulta de este país recibirá un ingreso permanente de 800 euros al mes que, asimismo, reemplazará al resto de prestaciones. No obstante, en una etapa inicial, a modo “de prueba piloto”, el ingreso se reduciría a 550 euros y aún coexistirá con algunos de esos beneficios y prestaciones sociales.
En un país estancado en el crecimiento económico en los últimos años, afectado por la crisis financiera, así como por la pérdida de la posición privilegiada que su empresa emblema, Nokia, tenía en los mercados globales de telecomunicaciones, esta medida ha suscitado la inquietud de si Finlandia podría estar en condiciones de pagarla. Así, el ministro de Finanzas había apuntado que la economía finlandesa “se encuentra en una situación de extrema dificultad” con el paro cerca del 10%, una población envejecida y unas perspectivas económicas que tampoco son mejores de cara al futuro.
Sin embargo, como decíamos, uno de sus mayores defensores es el primer ministro, Juha Sipilä, del Partido del Centro (Suomen Keskusta) quien apunta a que, «pese a que pueda resultar contraintuitivo, esta medida supone simplificar el sistema de la seguridad social”. Es decir, a Finlandia incluso le saldría a cuenta.
Uno de los motivos se debería a que, como se ha dicho, reemplazaría a otros beneficios sociales; pero también, según defienden algunos economistas, a que a medio y largo plazo actuaría como un estimulo para transitar hacia una economía más productiva y con mayor calidad de vida. Además de obviamente contribuir al incremento de la demanda interna.
En este sentido, los estudios internacionales sobre esta materia suelen citar como referencia la experiencia que se produjo en la ciudad canadiense de Dauphin en la que se instauró una renta similar a la que ahora proyecta el gobierno finlandés entre 1974 y 1979. En ese caso, se produjo una ligera caída en las horas trabajadas, pero a cambio de un incremento en las horas de formación y de las bajas de maternidad. Es decir, dos factores que a medio plazo aumentan la productividad, según la evidencia comparada.
Del mismo modo, algunos estudios ya realizados y que también han saltado al primer plano informativo con motivo de los planes legislativos del país nórdico apuntan a que, contrariamente a la creencia popular, esta medida no desincentivaría al trabajo. ¡Y que incluso tendría el efecto contrario! Este fue el caso, por ejemplo, de Uganda donde también se ha experimentado con un programa similar, que se tradujo en un aumento de las horas trabajadas de un 17%.
La razón es que con el actual modelo de los sistemas de protección social, las personas suelen perder beneficios sociales como los subsidios, si obtienen un trabajo. Por lo tanto, para parte de esa población, aceptar trabajos temporales, mal pagados, o de jornada parcial puede suponerles una pérdida de ingresos. Menos aún sin garantías de continuidad en sus empleo. Es lo que se conoce como “trampa de la pobreza”.
Sin embargo, este desincentivo al trabajo ya no existiría con la renta garantizada, ya que en ningún caso se perdería. Por otra parte, como señala la investigadora irlandesa Anne B. Ryan, en el reportaje ya citado de Common Dreams, esta medida extendería el sistema de protección social a toda aquella población a la que actualmente no llegan nuestros sistemas de bienestar: desde los trabajadores con contratos basura a los autónomos con la renta garantizada. También a todas aquellas personas que realizan trabajos esenciales para la sociedad, pero no remunerados como, por ejemplo, todos los relativos al sistema de cuidados.
Adicionalmente, según defienden los economistas que apoyan esta medida, se convertiría en una medida de estabilización económica al permitir a un país adaptarse mejor a los ciclos económicos ya que, por ejemplo, en periodos de “shock” financiero los más afectados por esa crisis igualmente contarían con este ingreso que les ofrecería un cierto colchón financiero. Una serie de argumentos que han debido ser convincentes para otros países ya que Utrech también está desarrollando otra operación similar e incluso esa misma Suiza que hace poco votó en contra, comienza ahora a preguntarse si no debería haber votado sí y ya se plantea un nuevo referéndum.
