Tras las críticas, el PSOE europeo rechaza el mecanismo de arbitraje privado mientras recibe presiones del lobby industrial. Las críticas hacen mella en la postura común de los socialistas europeos frente al Tratado de Libre Comercio (TTIP) entre la UE y Estados Unidos. El partido da marcha atrás e introduce varias enmiendas al texto aprobado por la Comisión de Comercio Exterior (INTA) la pasada semana, al que el propio grupo dio el sí junto a liberales y conservadores y que tendrá que ser votado en el Parlamento Europeo el próximo 10 de junio. En aquella resolución, los socialistas consiguieron modificar uno de los puntos más polémicos, el del mecanismo de arbitraje entre inversor y Estado, recomendando a los negociadores conformar tribunales con jueces independientes, sujetos a un código ético y con mayor transparencia.
A pesar de ello, al PSOE europeo le llovieron las críticas por dar luz verde a un texto que en último término no exige la eliminación del controvertido mecanismo de arbitraje privado (ISDS por sus siglas en inglés), una cláusula diseñada para blindar jurídicamente las inversiones de empresas ante la potestad legisladora de los Estados. Incluso sus militantes se quejaron de la postura adoptada por los representantes socialistas en la Comisión de Comercio Exterior. Por todo ello, la nueva enmienda del S&D (Socialistas y Demócratas en la Eurocámara), pedirá una “solución permanente para resolver disputas entre inversores y Estados” que se lleve a cabo “sin el uso del arbitraje privado ISDS”.
Asegurar los derechos de los inversores
Pero el titubeo socialista no es bien recibido por el lobby industrial, que ha pedido directamente a los eurodiputados del S&D que mantengan su adhesión al texto aprobado por la Comisión de Comercio Exterior. En un correo electrónico al que ha tenido acceso El Boletín, uno de los mayores grupos de presión de la industria en Europa, Bussiness Europe, pide a los europarlamentarios que refrenden el “compromiso alcanzado por la Comisión de Comercio Exterior, especialmente en lo que concierne a la protección de inversiones”. Según el director general del grupo, Markus Beyrer, “destruir el acuerdo pondría en grave peligro la posibilidad del Parlamento Europeo de tener voz e impulsar las negociaciones en un momento crucial, justo antes de las presidenciales en Estados Unidos”.
En otra misiva, el mismo lobby plantea a los eurodiputados socialistas su preocupación sobre la exclusión de los servicios públicos de los acuerdos incluidos en el TTIP, considerando que “la UE no debe poner en cuestión sus propios compromisos multilaterales” en el apartado de Comercio de Servicios. Por último, advierte a los europarlamentarios del peligro que supone “sobrecargar la agenda comercial de la UE con objetivos de sostenibilidad”, primando la necesidad de “instrumentos eficientes para asegurar el cumplimiento de los derechos de los inversores”.
El próximo miércoles el pleno en Estrasburgo deberá definir la posición común del Parlamento Europeo. Sin embargo, su posición en este punto no es vinculante, y los negociadores de la UE y Estados Unidos pueden generar otro texto para proseguir las conversaciones de un acuerdo de comercio que afectará a un área del planeta que suma 850 millones de ciudadanos, que también son consumidores.
