«Injerencias políticas» en el Constitucional y el Poder Judicial

Mariano Rajoy en el entierro del Fiscal General del Estado Maza.
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“España figura como el tercer Estado donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente. Hasta un 58% de los españoles la consideran como “mala” (39%) o “muy mala” (19%), lo que supone que sólo dos de los 28 países están peor: Bulgaria y Eslovaquia”. Son los datos que la plataforma Jueces por la Democracia destaca del informe anual de la Comisión Europea sobre el estado de la justicia en los países socios.

Según el citado estudio, son las “interferencias y presiones del Gobierno y políticas” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.

La plataforma de jueces recupera estos avisos para denunciar las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a su juicio “poco respetuosas con la separación de poderes y la independencia judicial” a cuenta del conflicto independentista en Cataluña.

“Català pronostica con total seguridad el futuro procesal de los investigados y anticipa sin ningún rubor las fechas y el contenido de las resoluciones judiciales, hasta el punto de afirmar que la sentencia se dictaría antes del mes de diciembre del presente año”, denuncian sus miembros.

Pero no solo las palabras de Catalá han enfadado a esta organización judicial. También informaciones en prensa sobre supuestos contactos entre miembros del Gobierno y su presidente con magistrados del Tribunal Constitucional que no han sido desmentidas por el gabinete de Mariano Rajoy. Contactos “previos a la deliberación sobre la admisión a trámite del recurso interpuesto por el propio Gobierno contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña”, recuerdan.

“Debemos recordar que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y que sus magistrados son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato, de forma idéntica a los miembros del Poder Judicial. Es por ello, que tales contactos son inadmisibles en un Estado de Derecho y no tienen otro objetivo que tratar de influir en el sentido de la resolución a dictar por el Alto Tribunal”, denuncian.

Consideran que se trata de “injerencias” que “socavan la confianza de los ciudadanía en los Tribunales de Justicia así como en el Tribunal Constitucional y lastran la credibilidad de actividad diaria de magistrados y magistradas en el ejercicio de su función”.

La asociación señala al Ejecutivo pero también al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial: le acusa de “inacción y silencio” y recuerda que se trata de un órgano cuya misión fundamental es “defender la independencia de los jueces”.

“Juezas y Jueces para la Democracia reafirma una vez más su compromiso por la independencia Judicial. Es imprescindible alejar a la justicia de toda sospecha de parcialidad o manipulación, reclamando un poder judicial fuerte e independiente. Y resulta obligado en un estado de derecho respetar la función desarrollada por el Tribunal Constitucional, empezando por el propio Gobierno”.