El pacto sellado entre el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE y la vicepresidenta y ministra de Trabajo y máxima responsable de Sumar consta de 48 páginas con más de 200 iniciativas. Una de ellas pasa por la reducción de la jornada laboral, que tantas críticas ha despertado en las filas empresariales.
Según recoge este acuerdo, los dos partidos se comprometen a reducir la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. “Su aplicación”, detalla, “se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025”. “A partir de entonces”, continúa, “se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”.
Previamente, el documento recoge que “el diálogo social seguirá siendo una herramienta fundamental en el ámbito laboral, abriendo a la participación de las organizaciones empresariales y sindicales los procesos de toma de decisión sobre las materias que conforman el modelo de relaciones laborales de nuestro país”. En este sentido, destaca que las medidas laborales contenidas en este acuerdo “se llevarán a cabo en el marco del diálogo social”.
Garantías frente al despido
En materia de empleo PSOE y Sumar también defienden que apoyarán la aplicación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para que los salarios ganen poder adquisitivo tomando en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas, utilizando la información del Observatorio de los Márgenes de Beneficio de las empresas (OMB).
Este futuro Ejecutivo culminará un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, “que articule una red básica de derechos para todos aquellos que prestan actividades profesionales, desde los autónomos hasta los cooperativistas”. Entre otras cosas, fijará “garantías para las personas trabajadoras frente al despido”.
El salario mínimo (SMI) “seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo”, se apunta en este acuerdo, que adelanta la aprobación de una Ley de usos del tiempo para “avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres”.
Mercado eléctrico, plan contra el calor, permisos hasta las 20 semanas…
En las más de 200 medidas incluidas también está profundizar en la reforma del mercado eléctrico mayorista, con iniciativas “encaminadas a resolver los elementos perjudiciales del actual mecanismo marginalista y los llamados ‘beneficios caídos del cielo’”. “De esta forma”, recoge, “trasladaremos el beneficio de las energías renovables a los consumidores, abaratando la factura eléctrica para hogares y empresas, con una mayor equidad y seguridad de suministro, al tiempo que se proporcionan las señales adecuadas para atraer inversiones”.
Además, llevarán a cabo un cierre de las nucleares “planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales 17 españolas entre 2027 y 2035”.
Asimismo, se desarrollará un “Plan contra el calor” en centros educativos y en residencias de mayores y se extenderán los permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, “incorporando mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16”.
Respecto a sanidad, “impulsaremos un plan de choque para fortalecer la Atención Primaria en todo el Estado que permitirá a las CCAA aumentar plantillas, mejorar infraestructuras y modernizar el equipamiento de sus centros sanitarios”. Junto a esto, PSOE y Sumar aseguran que acabaran con las listas de espera en la sanidad pública. Lo harán, sostienen, “estableciendo por ley unos tiempos máximos de espera en el SNS: 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia”.
En el caso de la salud mental, “la garantía de tiempo máximo de espera será de un máximo de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años”.
Además, la educación de 0 a 3 años será universal, “promoviendo su inclusión plena en el sistema educativo, así como el aumento progresivo de la oferta de escuelas infantiles públicas”.
Más parque público de vivienda e índice de precios de referencia
“Aumentaremos el parque público de vivienda para alquiler asequible a través de una decidida y ambiciosa política de inversión pública a medio y largo plazo, para elevar su peso hasta el 20% del parque total de vivienda”. Esta es una de las promesas estrella en materia de vivienda de este acuerdo, donde también se anuncia que se definirá “con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas”. Algo que se requiere para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres en el marco de la Ley de vivienda.
Revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas y tratar de reducir los vuelos domésticos “en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de 2 horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales”.
Reforma “global” del sistema fiscal
“Dando continuidad a las primeras medidas desplegadas en la anterior legislatura”, explican PSOE y Sumar, “impulsaremos una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura”. Una reforma orientada a lograr que “contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias”.
En este sentido, da cuenta de que las grandes empresas tributarán un 15% en el Impuesto de Sociedades sobre su resultado contable. También, que se mejorarán los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto y se revisarán los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas para “readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual”.
Sobre el Impuesto a las Grandes Fortunas, este futuro Ejecutivo evaluará los resultados del mismo para “avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”.
Respecto a la financiación autonómica, se comprometen a un nuevo modelo “que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad”. “Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, y que corrija la infrafinanciación de determinadas comunidades”, asegura.
Mientras tanto, en los Presupuestos Generales del Estado “se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de Comunidades Autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado”.
Ley Mordaza y Palestina
Otros de los puntos destacados de este pacto es que se reformarán y derogarán “aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la ‘Ley Mordaza’ y el Código Penal)”. “En concreto”, destaca, “garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica” y se introducirá un sistema de sanciones “restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados”.
Por último, el pacto anuncia que el Gobierno “trabajará activamente para favorecer las vías diplomáticas que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio y entre Israel y Palestina, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y garantizando el respecto al derecho internacional”. Es más, deja claro que apostará por el “reconocimiento” del Estado palestino “conformemente a la Resolución del Congreso de los Diputados de 18 de noviembre de 2014”.
