¿Impuesto a los gigantes de internet para pagar una renta básica universal?

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Share on email

El debate sobre la renta básica universal se ha encendido en los últimos años impulsado por el temor al impacto de la robotización en el empleo y por la puesta en marcha en Finlandia de uno de los primeros experimentos al respecto a comienzos de 2017. La idea está tomando fuerza en Reino Unido, donde el ‘think tank’ británico Royal Society of Arts acaba de publicar un estudio en que aboga por un ingreso inherente a los ciudadanos para hacer frente a la inseguridad económica, “uno de los problemas centrales de nuestro tiempo”.

Como primer paso hacia la renta básica universal, el grupo propone un ingreso de 5.000 libras (más de 5.600 euros) anuales, durante un máximo de dos años, a todos los británicos menores de 55 años. Para hacer frente al coste de este mecanismo, plantea la creación de un fondo soberano, similar al Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, que se financiaría con la introducción de mecanismos redistributivos como un impuesto sobre el patrimonio y un gravamen a las grandes compañías de internet que se benefician de la transferencia de datos de usuarios, es decir, Apple, Google, Facebook y Amazon.

“Una opción que el gobierno debería explorar es la introducción de alguna forma de impuesto sobre el uso de datos públicos o la transferencia de datos activos a plataformas tecnológicas. Empresas como Amazon, Facebook y Apple generan considerables ganancias del Reino Unido gracias a los datos de los residentes, y se debería analizar cómo algunas de estas ganancias podrían ser reclamadas para beneficio público”, apunta el informe.

Para los expertos, gravar a los gigantes tecnológicos por transferir datos “sería una respuesta a las realidades de una era digital” y sus efectos en la economía y en el empleo.

En cuanto a los tributos sobre la riqueza, Royal Society of Arts defiende un “modesto aumento de los impuestos a los más ricos de nuestra sociedad”. Hace referencia a unos datos del Instituto Nacional de Investigación Económica que señalan que una tasa del 1,2% a fortunas de más de 700.000 libras (cerca de 790.000 euros) permitiría generar 43.000 millones de libras (48.400 millones de euros) anuales.

Según los cálculos del ‘think tank’, el coste máximo para el sistema de esta renta de 5.000 libras anuales a los menores de 55 años sería de 14.000 millones (15.700 millones de euros) al año, menos que lo que los 16.000 millones (18.000 millones de euros) que le costarán a las arcas públicas británicas hasta 2020 la rebaja del impuesto de sociedades introducida en 2010.

Con esta propuesta, el grupo de expertos pretende atajar la incertidumbre económica que afecta incluso a aquellos que tienen trabajo: en un estudio previo realizado por la misma sociedad, se revelaba que el 30% de los trabajadores británicos se enfrentan a una “precariedad crónica o aguda”, mientras que otro 40% tiene un “futuro incierto”. Ven la renta básica universal como una herramienta que puede ayudar a abordar esta incertidumbre y ofrecer un mayor bienestar a los ciudadano generando más equilibrio.

Los casos de Finlandia y Alaska

Tanto en el informe como en el texto de presentación del mismo, Royal Society of Arts hace referencia a los casos de Alaska y Finlandia, donde se han puesto en marcha las rentas a ciudadanos. En el estado norteamericano, todos los residentes reciben un ingreso variable desde 1982. Como ha demostrado un reciente estudio al que cita el grupo de expertos británicos, estas rentas no han reducido el empleo y han mejorado las condiciones de vida.

Por su parte, en Finlandia, empezó a aplicar en enero de 2017 una retribución de 560 euros al mes libres de impuestos a un grupo de 2.000 ciudadanos desempleados elegidos aleatoriamente. El importe de la renta se mantiene invariable durante la duración de la prueba, que se alargará hasta diciembre de 2018, y no será reducida por ningún otro ingreso que los beneficiarios pudiesen obtener.

Royal Society of Arts, encabezado por Matthew Taylor, ex asesor de Tony Blair, es también el grupo de expertos a quien el Gobierno de Theresa May encargó un exhaustivo informe sobre las prácticas empresariales de las plataformas digitales de la ‘gig economy’ con propuesta para la regulación que ya está estudiando el ejecutivo.