El PSOE prepara una ofensiva contra el patrimonio inmobiliario de la Iglesia

Interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba
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La Mezquita de Córdoba es el principio: los socialistas harán un registro de todos los edificios eclesiásticos que someterán a un examen minucioso. El debate que se ha abierto por la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba puede ser sólo el primero de una serie de controversias que se van a generar a cuenta de la propiedad del numeroso patrimonio inmobiliario en manos de la Iglesia.

Por lo menos eso es lo que dice que elconfidencialdigital.com que asegura que Pedro Sánchez “quiere poner en cuestión las propiedades de la Iglesia católica” y que “con ese objetivo, ha ordenado la creación de un registro de todos los edificios eclesiásticos por los que, además, se reclamará el pago del IBI”, en el que, según este diario, el PSOE ya estaría trabajando.

Señala este medio online que el objetivo de la actual ejecutiva nacional del PSOE es poner en cuestión, en los próximos meses y hasta las próximas elecciones generales, “a quién pertenecen realmente” los bienes actuales de la Iglesia Católica”, una ofensiva que comenzó a finales del año pasado, cuando el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presentó una enmienda a la totalidad a la Ley Hipotecaria, al considerar que la privatización del registro de propiedades propuesta por el Gobierno “consolida las inmatriculaciones de la Iglesia”.

Asegura dicho digital que una vez elaborado el registro el PSOE “estudiará la titularidad de cada uno de ellos con el objetivo de reclamar todos aquellos que pertenezcan a los ciudadanos”.

Señalando que tanto la revisión del Concordato con la Santa Sede como la propuesta de someter a examen todos los bienes inmuebles de la Iglesia católica se incluirán en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales.

Y añaden que gracias al registro de edificios eclesiásticos, se incluirá también en el programa para las autonómicas y municipales la obligación de que todas las congregaciones tengan que pagar a las administraciones locales el IBI por cada una de sus propiedades.